El proyecto de Presupuesto Nacional 2025 elaborado por el Gobierno nacional prevé en relación a las obras públicas contempladas para el territorio nacional un porcentaje de inversión acotado por la crítica situación financiera por la que atraviesa el país. Se llega a esta conclusión tras un pormenorizado análisis del proyecto ingresado al Congreso Nacional, pero que todavía no ha sido tratado por una serie de circunstancias, entre ellas la finalización del período ordinario de sesiones. Ahora si se pretende que sea tratado antes de que finalice el año deberá ser presentado en un llamado extraordinario convocado por el propio Gobierno nacional, y hasta ahora esto no ha sucedido.
Este análisis pone énfasis en algo que se ha venido manifestando desde la asunción al cargo, hace un año, del presidente Javier Milei, y es la escasa asignación de fondos destinados a obras públicas que en la provincia de San Juan determinó que el gobierno local asumiera, con fondos propios, la realización de varios proyectos como la continuidad de las obras de mejora de la Ruta 40 hacia Mendoza; la construcción del acueducto del Gran Tulum; diversas obras de pavimentación y la terminación de la construcción de viviendas correspondiente a los planes oficiales.
Del análisis de la “torta a distribuir del presupuesto” se aprecia la incidencia de cada uno de los Ministerios del Poder Ejecutivo, como también del Poder Legislativo y Judicial y la preponderancia que ocupa la Deuda Pública y las Obligaciones del Tesoro. En esta primera lectura las obras públicas no se visualizan y esto se debe a la quita de su rango ministerial, y su degradación como Secretaría dependiente del Ministerio de Economía.
Estas observaciones sin duda que requieren un análisis más profundo a la hora de tener que discernir entre las inversiones (“Gastos” para el Gobierno nacional) para infraestructuras previstas.
De un total de 117,5 billones de pesos del presupuesto presentado, el porcentaje que corresponde a obras públicas es de apenas un 1,22%. Sin duda este porcentaje es muy, pero muy bajo, y seguramente, a mediano plazo dejará expuestas las consecuencias de esta decisión política de “bajada de pulgar” a las obras públicas, trabajos que nunca deben discontinuarse por ser uno de los factores que contribuyen con la calidad de vida de la población. Entre ellas están las obras de caminos, obras preventivas de inundaciones, obras de conservación sumamente necesarias para un adecuado funcionamiento de la red ferroviaria activa, obras de tendido de red de agua potable y cloacas, acompañadas de las necesarias construcciones de las correspondientes plantas de tratamiento para ambos tipos de fluidos.
Goteos de obras públicas
Conforme al análisis en el Presupuesto Nacional 2025 se puede observar que hay un “goteo de obras públicas” cuyas ejecuciones prevén llevarlas adelante involucrando más de un período económico, que va desde el 2025 al 2027 e, inclusive, algunas culminando sus ejecuciones dentro del período 2028.
Ante estos largos períodos, debemos preguntarnos desde un punto de vista técnico: ¿es razonable llevar adelante ejecuciones de obras, con planes de trabajo y curvas de inversión que involucren hasta 48 meses?
Como respuesta, dependerá de la magnitud de cada obra, algunas pueden requerir períodos de ejecución de 12 meses, otras 18 meses, pero pensar en mayores tiempos de ejecución, solo se podría justificar si se tratasen de “mega obras”. Pero para una gran parte de las obras presentadas, los plazos de ejecución contemplados no tienen justificativos técnicos válidos, es decir “se estiran” innecesariamente.
Por eso estimo que la verdadera razón puede radicar en un doble objetivo, uno de ellos está a la vista porque el propio Milei lo expresa: él no cree que el Estado deba hacerse cargo de las obras públicas. Por eso el Gobierno con ese pensamiento en mente, pero sabiendo que “algo debe igualmente mostrar que ejecuta” estira sus plazos de ejecución, sin tener en cuenta que esto encarecerá los costos de las obras, ya que al plantearse plazos de ejecuciones tan amplios, y con una insipiente estabilidad económica, las empresas seguramente se presentarán a las licitaciones con montos que les permitan cubrirse ante los vaivenes económicos.
Pero en otro ensayo de conjeturas, en ese doble objetivo que tal vez tenga el Gobierno, desde un punto de vista político, la ejecución de las obras que duren todo lo que resta de su gestión, les permitirá tener de rehenes a los gobernadores, con las latentes amenazas de no continuidad de las mismas, si es que ello no acompañan los diferentes proyectos que desee llevar adelante el ejecutivo en el Congreso Nacional.
Por Claudio M. Velazco
Ingeniero Hidráulico y Civil