El Gobienro Nacional analiza convocar a sesión especial para debatir el apartamiento de aquellos diputados y senadores que estén bajo investigación de la Justicia; la iniciativa apunta a varios dirigentes de kirchnerismo.
En medio del escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider y el mismo día en que el peronismo dio a conocer sus intenciones de formar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar sobre posibles irregularidades y la eventual existencia de coimas o sobornos a legisladores para que votaran a favor de la Ley Bases, el Gobierno hizo trascender que evalúa pedir la destitución de todos los integrantes del Congreso que estén investigados en causas judiciales.
Según dijeron desde la Casa Rosada, el oficialismo se propone “destituir a todos los diputados y senadores que tengan un proceso judicial similar al de Kueider”. La idea sería convocar a una sesión especial la próxima semana para tratar esta iniciativa, incluso, el día podría coincidir con la misma fecha en que Unión por la Patria (UP) propuso para tratar la expulsión del dirigente de Entre Ríos, quien cumple prisión domiciliaria en Paraguay.
En este sentido, en la lista que armaron en la administración de Javier Milei con los integrantes de ambas cámaras que están investigados en distintas causas judiciales, se encuentran los diputados de UP, Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner y Santiago Cafiero. El excanciller y la exministra de Desarrollo Social, justamente, son dos de las personas que firmaron el proyecto de resolución que apunta a apartar de sus funciones a quienes pudieran haber recibido alguna dádiva por acompañar al oficialismo en la aprobación una de sus leyes más renombradas.
La propuesta del Gobierno aparece como una respuesta a los cuestionamientos que llegaron desde la oposición por el rol de aliado que asumió Kueider en la votación de la Ley Bases, quien fue en contra de sus pares de bloque.
En tanto, la Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares propuesta por la principal bancada opositora busca investigar la posible existencia de coimas, sobornos o cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares alrededor de la votación, y la evaluación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones para identificar prácticas irregulares.