Prácticamente todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos la Argentina, firmaron en 2003 un convenio marco para el control de los fumadores, prohibiéndose el hábito en los lugares públicos y evitar las publicidades relacionadas con el tabaco, entre otras limitaciones que los distintos países implementaron en mayor o menor medida, según las legislaciones que refrendaron la norma internacional.

Es decir, el éxito del acuerdo surgido de la OMS dependía de la observancia en cada Estado, de la misma manera que ocurre con los convenios ambientalistas y de derechos humanos, por ejemplo, según los intereses y las políticas locales que los observen en su real dimensión. En este contexto se planteaba la situación de China, el mayor productor y fabricante de productos del tabaco, para atender al mercado consumidor número uno del planeta, con más de 300 millones de fumadores, y también el que más víctimas arroja anualmente, unas 100.000 personas, fumadores pasivos víctimas de la exposición al humo.

Frente a estas cifras, el Gobierno chino está implementando un proyecto de ley que por su severidad y alcance, prevé una consulta pública. La norma contempla la posibilidad de prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de productos de

tabaco, así como la venta de cigarrillos a menores de edad en máquinas expendedoras y un plan para eliminar ciertas escenas en películas y programas de televisión en las que aparezcan personas fumando.

Como en el gigante asiático todo está condimentado por la política, ya en diciembre del año pasado el Partido Comunista Chino ordenó a los jerarcas de todos los niveles, que no fumaran en público con el fin de mejorar la imagen de los políticos nacionales y ayudar a concienciar a los fumadores de los peligros del tabaco. Como si fuera poco, el daño del cigarrillo a la salud también ocasiona un enorme gasto hospitalario al régimen de Pekín.

El giro nacional hacia el aire puro no será fácil, no sólo porque se debe convencer a 300 millones de fumadores sino cubrir la brecha financiera ya que ante la ausencia de una legislación de alcance nacional, numerosos gobiernos locales equilibran sus presupuestos gracias a los fuertes impuestos que les aplican al tabaco.