El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri, vetará la ley de aborto no punible aprobada por la Legislatura porteña el 28 de septiembre último, al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo pasado que exhortó a los gobiernos a reglamentar esa práctica. Para la administración macrista, la ley sancionada va más allá de la Corte y presenta desvíos de inconstitucionalidad, además de no fijar límite de tiempo para el aborto, ni exigir la autorización de los padres cuando se trata de una menor, temas que originaron durísimas polémicas durante el debate. Es así que la votación la aprobó por un mínimo margen, 30 a 29 votos en favor de la interrupción de embarazos no punibles, lo que indica que los representantes estuvieron lejos del consenso ampliamente mayoritario esperado por los sectores de izquierda.
La decisión de Macri se basa en el marco legal, porque a su juicio se han transgredido determinadas normas incluidas en la Constitución Nacional, caso de las que resultan de declaraciones y tratados internacionales en plena vigencia y que protegen la vida humana desde la concepción como un derecho inviolable. La gravedad de la norma sancionada se amplía al advertirse que permite que desde los 14 años la mujer puede, con la sola manifestación de haber sido violada, y sin darle intervención a sus padres, requerir que se le practique un aborto, lo que implica desconocer los derechos que les asiste a los progenitores en el instituto de la patria potestad, contenido en el Código Civil, que en este caso lo modifica una ley de la ciudad.
Por otra parte, el veto protege a los profesionales de la salud, ya que la cuestionada ley pretende limitar el tiempo en el que los médicos pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos. Esto también tiene raigambre constitucional porque nadie debe ser forzado a contrariar las propias convicciones morales ejecutando o haciendo ejecutar actos incompatibles con ellas, en forma continuada en el tiempo y no en una oportunidad determinada.
Pero, fundamentalmente, Macri reconoce la dignidad de las personas y el derecho a la vida, respaldando su veto en la constitucionalidad que está a favor de la vida, aunque a veces los políticos lo ignoran.