El reciente incidente de la Prefectura Naval y un barco furtivo chino sorprendido pescando en la zona exclusiva de nuestro país, reactualiza el viejo problema del saqueo del litoral atlántico por flotas extranjeras que depredan la riqueza ictícola con daños que llegan a ser irreversibles. Según expertos que alertan sobre la gravedad del daño, en particular organizaciones ecologistas, hay un promedio de 400 buques pesqueros-factoría, que procesan allí capturas con alta tecnología.

Estas naves piratas operan al borde de la zona económica argentina y muchos ingresan ilegalmente, habiéndose comprobado que la mayoría son de China, Corea del Sur, Taiwan y España, con más de 12 mil tripulantes, en su gran mayoría esclavizados, según denuncias presentadas en el puerto de Montevideo, la principal base logística y de blanqueo de las capturas ilegales.

El impacto ambiental de la pesca ilegal es enorme, no sólo porque se capturan miles de toneladas de varias especies sin respetar el tamaño ni edad de los ejemplares, violando épocas de veda, ni considerar las especies acompañantes, sino también porque se contamina el área con miles de toneladas de basura y desechos químicos. No existen estudios sobre esto, porque es una pesca ilegal, sin regulación y que no se reporta. Y, lo más grave, al menos un tercio de estos barcos furtivos utilizan redes de arrastre de fondo, que literalmente aran el lecho marino, lo cual es comparable al desmonte de los bosques nativos. Dejan un desierto en el fondo del mar, desapareciendo todo tipo de vida acuática.

En cuanto al perjuicio económico para el país, debe recordarse que el sector pesquero argentino exportó el año pasado unas 460.000 toneladas con un ingreso de 1.500 millones de dólares, de acuerdo con un informe oficial, siendo los principales destinos a España, China, Estados Unidos, Japón, Italia y Brasil. Durante 2015, se capturaron más de 760.000 toneladas de más de 100 especies, entre las que predominaron la merluza, el calamar y el langostino, de fuerte presencia exportadora.

La diversidad de especies que habitan en la zona exclusiva da lugar a las operaciones de más de mil pesqueros con bandera nacional mediante permisos nacionales y provinciales para cubrir la demanda de consumo local de 7 a 8 kilos anuales per cápita, además atender el comercio exterior.