La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay señaló abiertamente la razón de las demoras en los juicios contra ex represores, y reclamó la designación de más jueces y mayor presupuesto. También el juez del máximo tribunal, Carlos Fayt, recordó que el Poder Judicial está cumpliendo con su deber y dijo ahora la Corte está hace cosas que antes no se hicieron, aludiendo a los fallos sobre la desnutrición y el saneamiento del Riachuelo.
En la Argentina se sustancian unas mil causas por violaciones de los derechos humanos y fueron procesadas 538 personas, pero sólo hay 36 condenados. La responsabilidad de gobernar exige mucho más que pedir celeridad de los juicios, es decir, se deben dar los recursos necesarios para trabajar. Salvo alguna morosidad injustificada, la mayoría de los magistrados se volcó a su tratamiento, pero las demoras se deben básicamente a problemas operativos. Cuatro años no es mucho tiempo para sustanciar esas megacausas, si se compara con los años que tardan las causas comunes, penales y civiles.
Si bien después de la queja de la Corte se amplió el presupuesto, hay que dotar de recursos a todos los tribunales -no sólo a los que tratan derechos humanos-, para modernizar el sistema. Es tan deficitaria esta situación que un tribunal oral federal de la ciudad bonaerense de San Martín no tenía un local donde celebrar la audiencia de una megacausa. El Consejo de la Magistratura, responsable de asignar los recursos materiales, también ha colaborado para la deficitaria situación de nuestra Justicia. El organismo tiene 500 millones de pesos para informatizar a todos los tribunales, pero están depositados en plazo fijo. Y el Gobierno tiene la culpa de su inacción porque, hace dos años, reformó el organismo, y lo politizó aún más, para controlar por su intermedio a los jueces.
Por su parte, sólo en 2008 el Congreso dictó varias leyes que pueden contribuir a una solución. Pero los legisladores nunca se avinieron a sancionar una ley para agilizar el trámite de las megacausas. Las declaraciones de Argibay y de Fayt dan señales inequívocas de una independencia que el Poder Ejecutivo jamás imaginó que tendría y a la que el país y la política no están acostumbrados. Simplemente han reclamado seriedad y serenidad; dos cualidades indispensables para que se pueda administrar justicia de modo independiente.