La opinión pública ha recibido con estupor y desazón la noticia relacionada con la demolición de la Parroquia de San José de Jáchal, un edificio centenario declarado Monumento Histórico Nacional en 1978, ya que el Arzobispado de San Juan de Cuyo pretende edificar un nuevo templo en ese solar, frente a la plaza departamental. Si bien la Iglesia es jurisdicción pastoral, no tiene autoridad para disponer de un bien que pertenece a todos los argentinos desde el momento en que pasó al área de la Comisión Nacional de de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, quien resuelve en definitiva.
Según los argumentos esgrimidos para derribar esta construcción de adobe que data del siglo XIX, es que la restauración es imposible para darle seguridad y por encontrarse en una zona sísmica, como toda la provincia, y en su lugar, levantar un nuevo templo pensando en la seguridad de los fieles. Si este argumento parece insólito, en virtud de los centenares de iglesias decrépitas recuperadas en el mundo, más incomprensible resulta el caso cuando el 16 de marzo de 2014 este diario informó sobre la decisión oficial de restaurar la parroquia de San José mediante un plan de obra que se anunció como inédito en San Juan.
Según el ministro de Turismo y Cultura, Dante Elizondo, los trabajos demandarían seis millones de pesos, aportados en partes iguales por la Municipalidad de Jáchal (regalías mineras) y la Provincia, también dio detalles de las estrategias poco convencionales para asegurar la estructura y adelantó que esos trabajos artesanales comenzarían en 30 días y estarían concluidos a fines de 2015. El funcionario aseguró también que todo se ajustaría a la arquitectura original para mantener las características del edificio, en un todo de acuerdo como exige la ley para los monumentos históricos.
Nada de esto ha sucedido y, por el contrario, ahora se busca el facilismo de pasar la topadora y levantar una nueva iglesia, tirando abajo también un sentimiento colectivo reflejado en este emblema jachallero. No se sabe que pasó en este lapso para congelar una restauración ya presupuestada, según Elizondo, y el pedido del obispo para demolerla.
De lo que no hay dudas es que se cometería un desatino histórico con responsables que deberán asumirlo frente a la demanda de la ciudadanía. El despropósito es más grave todavía ante la variedad de recursos tecnológicos y elementos de la ingeniería y la arquitectura moderna, para asegurar una estructura que ha soportado todos los terremotos que asolaron a la provincia en estos 140 años.