Este 1 de mayo es una fecha muy especial, no sólo por festejarse el "Día del Trabajador” (muy importante por cierto), sino también por ser el "Día de la Constitución Nacional”, que en esta ocasión adquiere particular relevancia por ser el aniversario número ciento sesenta (160) de nuestra Ley Fundamental. Sin embargo, pese a la efeméride, la sensación no deja de ser "agridulce”.
Empecemos por el final de aquel adjetivo. Así, la parte dulcificada la proporciona el goce cívico de computar un año más de nuestra Constitución en un ámbito formalmente democrático.
Las impresiones ácidas y preocupantes surgen de varios episodios, algunos recientes, como por ejemplo: la aprobación por el Congreso de proyectos de ley polémicos (diseñados por el Poder Ejecutivo Nacional en nombre de "la democratización de la justicia”); el escándalo durante la votación de esas proposiciones legislativas en la Cámara Baja; los interrogantes que se abren a partir de si algunos de aquéllos (sobre todo el referido a la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y el relativo a las restricciones al dictado de medidas cautelares en procesos en los que el Estado Nacional o los entes descentralizados sean partes) son o no constitucionales y si representan o no un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; la llamativa ausencia de un proceso serio de consulta y debate previo a una batería de proyectos de ley (seis en total, algunos de gran magnitud institucional), con diversos sectores políticos, profesionales, judiciales, académicos, etc., como sí se hizo en su momento con el proyecto de código civil y comercial que hoy también transita los senderos parlamentarios.
A ese cuadro se suman, entre otros ingredientes conflictivos: sospechas de actos de corrupción por funcionarios del Gobierno nacional; un enrarecido clima de protesta social por la creciente disconformidad de diversos sectores de la ciudadanía con varias de las medidas políticas y económicas del frente gobernante; y el sintomático hecho de que el 2013 que transitamos es un "año electoral”. Pero no uno cualquiera, sino de importancia crucial porque en octubre próximo se renovarán parcialmente diputados y senadores de la Nación, proceso del que surgirá un mapa y un dibujo políticos del Congreso que resultarán determinantes para viabilizar o abortar una eventual iniciativa de reforma de la Constitución por parte del oficialismo, con miras a habilitar la posibilidad de re-reelección de la primera mandataria.
Resumiendo, la prospectiva de la situación política e institucional del país, analizada metafóricamente en clave meteorológica, permite pronosticar épocas con niveles de nubosidad en aumento, fuerte ascenso de la temperatura y tormentas intensas y frecuentes.
Ante ello, y por el bien del país, sólo queda insistir en la necesidad de que tanto los sectores oficialistas como los de la oposición y demás actores del sistema político, actúen a la altura de las circunstancias que la democracia y la Constitución imponen. Que exista debate de proyectos y propuestas, no intercambio de insultos y descalificaciones personales. La agresividad, el destrato y la violencia nada aportan. El que grita más fuerte no necesariamente tiene la razón. Debe mediar respeto, humildad y diálogo tolerante en la construcción de consensos para aportar y apostar al mejoramiento de la alicaída calidad institucional de nuestro país. En pocas palabras, se exige razonabilidad, equilibrio, prudencia y sometimiento de todo el poder al Derecho, que justamente es lo que tipifica a un Estado Constitucional.
Sólo así la Constitución, norma suprema que nos singulariza como argentinos y fue pensada para resguardarnos contra abusos y extralimitaciones del poder de turno, podrá repuntar en su hoy desdichadamente baja cotización en el mercado de valores éticos, jurídicos, políticos e institucionales.