No hay nada de raro en que un gobierno latinoamericano investigue a políticos por prácticas corruptas: de hecho, casi todos los gobiernos entrantes persiguen a sus adversarios políticos del gobierno anterior. Pero Brasil está haciendo algo mucho más notable: está enjuiciando a líderes prominentes del partido gobernante, y sus aliados en el Congreso y el mundo empresarial.
Treinta y ocho altos funcionarios del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva -incluyendo al ex todopoderoso jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu- están siendo procesados desde el 2 de agosto ante la Suprema Corte de Brasil por emplear fondos públicos para comprar votos en el Congreso entre 2002 y 2005.
Se espera que las audiencias, que han sido denominadas por la prensa brasileña "el juicio del siglo”, duren varias semanas. Se centran en lo que los brasileños llaman el "mensalao”, o las asignaciones mensuales que supuestamente el gobierno pagó a congresistas a través de una agencia de medios. Los fiscales han presentado 1089 acusaciones de corrupción, malversación de fondos públicos, desfalco y lavado de dinero.
Aunque ni Rousseff ni Lula figuran entre los acusados, la imagen de Lula podría resultar perjudicada si sus ex colaboradores son hallados culpables. Rousseff, en cambio, saldría fortalecida: aunque es una ex jefa de gabinete y protegida de Lula, la primera mandataria de Brasil tiene una popularidad récord del 70%, en gran parte por su combate a la corrupción. Rousseff, ex guerrillera convertida en política pragmática y seria, ya despidió a más de media docena de ministros vinculados a escándalos de corrupción.
"El hecho de que el país sea capaz de enfrentar este tema en un mundo donde cunde la corrupción es realmente una buena noticia”, dice Albert Fishlow, un profesor emérito de estudios brasileños de la Universidad de Columbia. "En vez hacer simplemente que el tema desaparezca, el Poder Judicial de Brasil ha demostrado funcionar mejor que en casi todo el resto de los países latinoamericanos”, agregó.
Según Paulo Sotero, experto del Wilson Center de Washington, "el hecho de que este juicio se celebre pocos meses antes de las elecciones municipales de octubre, y en un momento en que la economía se desacelera, es prueba de que hay una saludable división de poderes en Brasi. Lo que estamos viendo son instituciones que funcionan”, señaló.
Mi opinión: No soy un gran admirador de la política exterior de Rousseff, que tiene un récord bastante dudoso en materia de la defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos en todo el mundo. Pero en el plano nacional, hay que reconocer que Rousseff está combatiendo la corrupción más que nadie a su alrededor.
En Argentina, su vicepresidente Amado Boudou a pesar de sus presuntos vínculos con la empresa que imprime dinero del país está investigado por la Justicia. En Venezuela, Hugo Chávez no sólo no destituyó al comandante Gral. Henry Rangel Silva después de que Washington lo acusó en 2008 de estar vinculado al narcotráfico, sino que además lo ascendió a ministro de Defensa. En Ecuador, jueces aliados del presidente Rafael Correa tratan de archivar una investigación de contratos gubernamentales por U$S 120 millones con el hermano del presidente, Fabricio Correa, que ha corroborado públicamente la existencia de dichos negocios. El desenlace del "mensalao” está por verse. Pero, por ahora, Rousseff da un ejemplo persiguiendo a los políticos acusados de corrupción, independientemente de su cercanía al gobierno.