Sin el respeto a la ley no puede haber orden jurídico, ni dignidad humana, ni justicia, ni libertad.
El imperio de la ley significa ante todo, el triunfo del derecho sobre el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad; y, por consiguiente, la primera condición para la seguridad de los ciudadanos y para la posibilidad de justicia, que son los fines primordiales de la república democrática.
Nuestra literatura popular registra algunas reflexiones en lo que concierne a este asunto. La famosa obra literaria de José Hernández: el "Martín Fierro” describe la injusticia social, implacable con su protagonista conteniendo sentencias como ésta: "La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja”.
Si algo significa la educación democrática de un pueblo debe consistir, ante todo, en la formación de una conciencia cívica. Es decir, que la ley se impone por igual a gobernados y gobernantes, y debe ser pareja, a fin de poner término al atropello y a la iniquidad y al capricho de los funcionarios que se burlan de ella o que la utilizan para oprimir a los demás.
Ante la transgresión del derecho, no debemos permanecer temerosos ni indiferentes. No hay que permanecer en un estado mental vacío y estéril cuanto otro se excede en consumar una injusticia.
Tenemos que aprender a vivir con libertad y desenvolvernos con energía y eficacia pese a la persecución o a la difamación. También, siempre hay quienes nos defienden y apoyan. De ninguna manera hay que acostumbrarse a soportar pacientemente la injusticia y a considerarla como algo fatal que es imposible rechazar.
A cada golpe injusto hay que hacerle frente con voluntad, con una reacción firme porque la maldad difamadora, la malicia, la envidia no sólo afectan al individuo en particular, sino a la sociedad en general.
En otro sentido, hay que rechazar con fuerza cualquier atentado contra nuestra libertad, como también todo tipo de agresiones y ataques. Hay que tratar de saber lo que debe hacerse, pues no basta rechazar los puntos de vista de otros sino sustituirlos por otros igualmente positivos.
Quien no tiene la costumbre de defender valientemente su propio derecho, tampoco podrá defender el derecho de los otros. No olvidemos, que es una cobardía abandonar la defensa del propio derecho sólo por evitar incomodidades o molestias. Si se procede así, uno tiene derecho a pensar que no actuará de otra forma cuando deba defender el honor de su patria.
El único que puede y sabe luchar por el derecho del Estado es el que lucha por su propio derecho, pues de este modo sabrá defender sus derechos políticos y su lugar en la sociedad. En la república democrática nadie tiene facultades extraordinarias, ni la suma del poder público usado para que la vida, el honor o los bienes de los ciudadanos queden a merced de gobiernos o persona alguna.
Debemos reconocer que el Gobierno es el conjunto de las instituciones políticas mediante las cuales se ejerce autoridad: se dicta la ley, se la interpreta y aplica, y finalmente se la ejecuta. De ahí que el gobierno republicano está constituido por tres poderes: dos poderes políticos, que son el Legislativo y el Ejecutivo; y, un poder jurídico que es el Judicial. Esos tres poderes del gobierno emanan de la Constitución creada por el poder constituyente y tienen el carácter de poderes constituidos.
En esto se funda la supremacía de la Constitución como creadora del orden jurídico y traza el círculo máximo dentro del cual se mueve la voluntad política de la Nación expresada mediante los poderes ordinarios o constituidos. Dentro de ese espacio forman círculos concéntricos en orden jerárquico tales como la ley, dictada por el Poder Legislativo para reglamentar los poderes, los preceptos de la Constitución y el decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la aplicación de la ley. El Poder Judicial es el poder de este ordenamiento jurídico. Por eso puede declarar inconstitucionalidad y anular los efectos de una ley o de un decreto contrario a la Constitución, como así mismo puede declarar la ilegalidad.
El Gobierno no debe ser personalizado aunque se llame gobernantes a los mandatarios que ejercen las funciones correspondientes a los tres poderes antes indicados. Además no se puede llamar gobierno a un solo poder porque es la unidad indivisible de las tres ramas que ejercen autoridad. Los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial forman el Gobierno de una república democrática donde ningún poder es ilimitado.
El perfecto Estado de derecho consiste en que la organización política de la sociedad reposa sobre normas fundamentales cuyo empeño es no ejercer una voluntad arbitraria y su autoridad reside en la ley y no en el atropello al derecho de los demás.
No se debe emplear la palabra derecho como sinónimo de poder, atribución o facultad. El Estado tiene "poder”; un poder del gobierno tiene "facultad”; una persona tiene "derecho”, bajo la protección de la autoridad que emana de la ley.