El triunfo de Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, de 45 años, permite el regreso del controversial Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, que perdió en 2000 tras haber gobernado el país por siete décadas seguidas, y puso punto y final al gobierno de Felipe Calderón.
Según datos oficiales, entre 2008 y 2010 más de tres millones de mexicanos se sumaron a los 48,8 millones de pobres que ya había en el país, aunque los principales indicadores macroeconómicos permanecen estables. Gracias a una contención de los salarios, Calderón pudo mantener la inflación por debajo del 5 por ciento. A pesar de la caída del PBI en un 6,1% en 2009 por la crisis en Estados Unidos, la economía repuntó en 2010 por encima del 5%, lo que le permitió a Calderón contar con un crecimiento promedio cercano al 2% y crear dos millones de empleos.
Felipe Calderón será recordado como el Presidente de los 60.000 muertos, como el mandatario que sacrificó a la juventud mexicana y envió a las fuerzas militares a las calles con el fin de recuperar su legitimidad, después de las elecciones cuestionadas de 2006. No existe un solo indicador de que su estrategia en materia de combate al crimen organizado haya tenido éxito. Y muchos de sus críticos señalan que optó por la peor de las estrategias contra el narcotráfico: la militarización. El Gobierno movilizó a más de 50.000 soldados en las zonas donde los cárteles imponían su ley.
Al haber sido elegido con tan sólo 0,5 puntos de ventaja sobre el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, Calderón quiso ganarse el puesto haciendo frente a un problema que ningún otro gobierno atendió correctamente. Sin embargo, la intromisión del Ejército en la seguridad pública no le dio réditos a quien presume de haber detenido o eliminado a 22 de los 37 cabecillas del narcotráfico. Esas caídas no minaron el poder de los dos principales cárteles, el de Sinaloa y Los Zetas. Según Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad son responsables de 39 desapariciones, 24 ejecuciones extrajudiciales y 170 casos de tortura.
Si hace seis años los mexicanos señalaban en las encuestas que la economía familiar era su principal preocupación, ahora lo es también la violencia y la inseguridad crecientes, a las que el nuevo Presidente deberá responder no sin dificultades.