Una vez más, y con la sospecha que rodea a estas decisiones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declararon el miércoles de la serrana pasada una nueva tregua unilateral e indefinida, según expresa un comunicado surgido de la clandestinidad en que se mueve este movimiento insurgente con más de medio siglo de beligerancia. El alto el fuego, que comenzó el sábado último, lo dispuso argumentando que está dentro de sus intentos de facilitar la negociación de la guerrilla con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para poner fin a este sangriento conflicto interno.
Las FARC, que cuentan con unos 8.000 combatientes y se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, ya declararon cinco treguas unilaterales insinuadas como definitivas, pero resultaron temporales, desde que se inició la negociación de paz en La Habana. El régimen de Cuba es uno de los mediadores para terminar con una confrontación que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.
En la actual negociación, las partes han logrado acuerdos para dar acceso a la tierra a campesinos pobres, facilitar la transformación de la guerrilla en un partido político y combatir el narcotráfico, pero quedan pendientes temas complejos como la compensación a las víctimas, el fin del conflicto y la aprobación ciudadana del arreglo.
Santos rechazó la condición de las FARC para que una organización internacional verifique el cese al fuego y prevé continuar la ofensiva militar contra los rebeldes. Sabe que la guerrilla aprovecha la coyuntura de fin de año para ganar tiempo y fortalecerse, mientras especula con una paz que que el mundo espera desde hace cinco décadas.