No todas las investigaciones tienen suerte. Una excelente del The Miami Herald quedó sin premio, aunque puso a un grupo de policías de Bal Harbour, zona del sofisticado shopping mall de Miami, en el banquillo de la Justicia. Los agentes habían incautado 74 millones de dólares a unos narcotraficantes por lavado de dinero. Luego de sus pesquisas, para las que usaron más de dos millones en lujos, pasajes de primera clase y hoteles cinco estrellas, le devolvieron el dinero a los narcos sin ton ni son. Nadie fue arrestado.
En América latina las investigaciones del periodismo son hasta más resonantes, pero la diferencia es que la Justicia no actúa en forma rápida y eficiente, ya sea por negligencia, falta de recursos y sometimiento al poder. La corrupción suele ser tema recurrente en la conversación pública y el debate político, argumentándose siempre las mejores prácticas para debilitarla.
A menudo se desaprovechen los momentos de quiebre en los que la sociedad reclama más ética y moral. Puede pasar de nuevo con la intención del Congreso de México que, presionado por 634.000 firmas de ciudadanos, creará el Sistema Nacional Anticorrupción. O con la iniciativa de ley de Elisa Carrió en Argentina que obligaría transparencia a sindicalistas y contratistas con el Estado para reducir los altos niveles de enriquecimiento ilícito.
En el escándalo de los Panamá Papers, con documentos que compromete a muchos líderes de gobiernos y corporaciones con compañías offshore con las que evadían y lavaban, no se observó que los sistemas judiciales hayan actuado con premura investigativa, más bien se los notó cautos e incrédulos. Hubo sí buenas reacciones políticas. El gobierno panameño, siempre refugio de secretos y evasores, firmó acuerdos de transparencia financiera con Alemania. Y Mauricio Macri aceptó presentarse ante la Justicia. En Argentina, por otro lado, la ruta del dinero K se transformó en una búsqueda del tesoro escondido (y enterrado) en las estancias de Lázaro Báez, una muestra de la labor titánica que deben hacer las fiscalías para encontrar lo que se le robó al pueblo.
Brasil es un caso aparte. Dilma Rousseff puede quedar en la calle por malversación, aunque de los 547 legisladores que la enjuiciarían, más de la mitad tiene cuentas pendientes ante la Justicia. Venezuela es caso de diván. Nicolás Maduro representa el mayor embauque de la historia moderna; la de un chavismo que le ha robado a mansalva a un pueblo al que cínicamente idolatra como centro de la revolución.

Rafael Correa acusó a los periodistas de los Panamá Papers, porque no revelaron que él y su gobierno eran honestos. El presidente y su hermano Fabricio fueron investigados por una empresa offshore, una honestidad que ya había sido comprometida en ‘El Gran Hermano’, un libro que denuncia cómo benefició a su hermano con la adjudicación de obras públicas.
Lamentablemente no se aprovechan las oportunidades ciclotímicas en las que se reclama ética y castigos para derrotar la corrupción. La falta de voluntad política, las escasas herramientas que se le dan a la Justicia y la cultura general de la viveza criolla, alimentan ese círculo vicioso de corrupción e impunidad, extremadamente riesgoso para la salud misma de la democracia.