La Cámara de Diputados de la Nación convirtió el miércoles último en ley el proyecto que declara como servicio público esencial a la prestación de los servicios de navegación aérea y establece la modalidad y tipo con que se realizarán las actividades una vez que la norma sea reglamentada.
Esta nueva ley, aprobada con amplia mayoría, adopta la posición sustentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que considera a la aeronavegación comercial como un servicio público esencial, ya que si se interrumpen las actividades pondrían en juego la vida, la seguridad y la salud de los usuarios. Al ser esencial, la consecuencia es que no se puede interrumpir en forma total el servicio, sino debe ser garantizado un mínimo de la prestación, sin impedir en absoluto el derecho de huelga.
En este punto se observa que no se ha innovado en absoluto sobre las garantías que tienen los trabajadores para recurrir a la paralización de las actividades como medida extrema de la demanda sindical, pero si se ordena disponer los medios para no afectar al público usuario, verdadero afectado por los paros intempestivos y siempre rehén de los movimientos de fuerza del sector por dejar librados a su suerte a centenares de pasajeros distantes a miles de kilómetros de sus lugares de destino.
Es el oportunismo del que se valen las dirigencias sindicales, como ocurre ahora con la amenaza de huelga de los choferes de micros de larga distancia nucleados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), que se sumó al paro previsto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en estas vacaciones de invierno, uno de los picos anuales de mayor demanda de transporte terrestre de pasajeros. Los conductores dicen que pedir un aumento del 32% no es nada descabellado porque otros sectores ya lo consiguieron, aunque reconocen que el transporte de larga distancia no está pasando su mejor momento -de allí el fracaso de la negociación paritaria-, por lo que advierten la necesidad de que el Estado intervenga aumentando los subsidios ya que ellos no van a bajar sus expectativas de incremento salarial.
Los ómnibus, como los aviones, son servicios públicos esenciales y por eso las frecuencias no pueden estar condicionadas a la voluntad de las relaciones laborales y menos con chantajes que perjudican a terceros.