Argentina no logra salir del estancamiento en su lucha contra la corrupción en el Estado, según el último informe de la organización Transparencia Internacional (TI). En el Indice de Percepción de la Corrupción, nuestro país aparece en el puesto 106 sobre un total de 180 naciones, en tanto Chile y Uruguay se ubican de modo ejemplar en América latina, seguidos de Costa Rica y Cuba.
En su reciente visita a nuestro país, la presidenta de TI, Huguette Labelle, ex ministra de Canadá y doctora en filosofía, afirmaba que en cuanto a la lucha contra la corrupción todavía hay un largo camino por recorrer para mejorar la transparencia pública en la Argentina, porque hace falta mucha voluntad política para avanzar con firmeza en su abordaje. Algunos analistas señalan como factores determinantes los acontecimientos vinculados con el avión vinculado a Ricardo Jaime, la manipulación del INDEC, del Consejo de la Magistratura, la actitud de algunos legisladores, el manejo de la ONCCA y el caso de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, entre otros.
El problema de la corrupción en Argentina no está tanto en la legislación, sino en su cumplimiento. Por ello, un camino fructífero para mejorar el respeto a las normas ya existentes, y dar un mayor lugar al control ciudadano, es la creación de condiciones e instrumentos para que las leyes y reglamentos sean aplicados correctamente.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, y dos organizaciones especializadas en la prevención de delitos contra la administración pública, advertían en septiembre pasado, sobre un altísimo nivel de mora judicial en la investigación de hechos de corrupción y el muy bajo índice de condenas. Pocas veces se examinan sus orígenes, a pesar de que resulta fundamental para proponer fórmulas eficaces para combatirla. Para lograr transparencia también es importante tener como aliado el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas, una prensa libre y el acceso directo de la ciudadanía a la información relacionada con el ejercicio del poder y actividades gubernamentales. Y afianzar los órganos de control y del sistema de administración de Justicia.
La corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en el gobierno y entre ellos mismos.