Cuando en el ambiente empresario se habla de la Anses, ya nadie piensa en los jubilados, actuales o futuros. La referencia apunta al nuevo socio forzoso que el gobierno ha impuesto en una treintena de compañías de primera línea, o bien a los recursos que este organismo distribuye discrecionalmente por órdenes directas que se emiten desde la Casa Rosada o desde la residencia de Olivos.

Todo bajo el difuso argumento de que la crisis global justifica la intervención directa del Estado en la economía, sin otras reglas que los cambiantes discursos oficiales o el grado de cercanía o lejanía de las empresas de los despachos gubernamentales. El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) obligó a Edesur a suspender la distribución de dividendos, confundiendo la cláusula 7.4 del acta acuerdo del contrato de Edesur con la 7.4 del acta de Edenor, que sí incluye una obligación sobre el reparto de ganancias, y en la que se dice: "El concesionario se compromete a no efectuar pagos de dividendos sin la autorización previa del ENRE". El documento firmado con Edesur es, en cambio, menos exigente, ya que le da al organismo 60 días para objetar el plan de inversiones antes del reparto. Pero ya han pasado más de 100 días desde que Edesur lo presentó. Pareciera que las decisiones no son oportunas y generan confusiones.

El constante cambio en las reglas de juego y la imprevisibilidad de las políticas oficiales conspiran contra la inversión y, por carácter transitivo, contra el bienestar de la gente. Si se estuviera luchando a favor de los pobres, el Gobierno debería hacer todo lo posible para atraer inversiones que, llegado un punto, no tuvieran más remedio que pagar cada vez más a sus trabajadores para que no se los quite la competencia. Esto se logra respetando la propiedad privada, eliminando mercados cautivos para que las empresas tengan que competir, viendo al mundo como una oportunidad para colocar los bienes producidos en el país, reformando el Estado y bajando la carga impositiva para que las empresas sean competitivas y no pidan un dólar alto para esconder esas ineficiencias detrás de un peso depreciado.

En definitiva, la calidad institucional y las buenas políticas públicas de largo plazo son el único camino posible para mejorar el nivel de vida de la población. Lo que el Estado debe ofrecer es un horizonte previsible de las reglas de juego, y no entorpecer la capacidad de innovación. Atacando a la producción, se siembra la desocupación y la pobreza crece.

Pareciera que algunas posiciones tienden a cambiar pero siempre después de las elecciones.