Durante el período que coincidió con el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, en Brasil se registraron 1.171 casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas asesinatos, amenazas y agresiones.

Los indígenas suponen un 29,6 % de los 169 activistas de derechos humanos asesinados entre 2019 y 2022 en Brasil, según un informe presentado por las organizaciones Justiça Global y Terra de Direitos.

El informe "En la línea de frente: violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil” indicó que en ese período, que coincidió con el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, se registraron 1.171 casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas asesinatos, amenazas y agresiones.

Después de los indígenas, el 17,8 % de los activistas asesinados correspondió a personas negras, mientras que los transexuales fueron el 5,9 % de las víctimas mortales durante el cuatrienio.

Según el estudio, la mayoría de las víctimas (63,3 %) fue asesinada con armas de fuego y en once de esos casos se constató señales de tortura por parte de las autoridades forenses.

Violencia contra activistas

La Amazonía, donde históricamente se han presentado conflictos entre ambientalistas y defensores de derechos humanos con mineros y madereros ilegales, y la empobrecida región del noreste responden por el 63,9 % de los casos denunciados de violencia contra activistas.

La coordinadora de Justiça Global, Sandra Carvalho, dijo que algunos activistas reciben amenazas "por años”, pero por tratarse de un delito menor, "muchas veces no son investigadas”.

El informe no hace comparación con los años precedentes y según el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) tan solo en 2016, último año del que tienen estadísticas, hubo 66 activistas asesinatos.

El CBDDH, que también realiza este tipo de informes, indicó que por "utilizar metodología diferente no es posible establecer una comparación”, incluso porque los datos del Gobierno de Bolsonaro contemplan el período de la pandemia.

No obstante, el CBDDH consideró al Gobierno de Bolsonaro como "declaradamente enemigo de los movimientos sociales, subsidió el armamento en el campo e incentivó la violencia”.

 

Por Agencia EFE