Cuando se leen las cifras correspondientes a la realidad social, es fácil darse cuenta porqué desde la oficialidad o se evitan ciertos temas o se cambian los números, en cualquiera de los dos casos hay una deuda para con la comunidad.
Lo increíble. Hay una afirmación que duele por sobre todo y es que una de cada tres familias argentinas tiene dificultades para acceder a los alimentos, a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. Es decir que una de cada tres familias no accede a los derechos humanos básicos según la legislación internacional vigente desde hace más de medio siglo.
Se conoció un estudio revelador del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el que puso de manifiesto, una vez más, las carencias de las que padece una de cada tres familias en nuestro territorio.
En el estudio realizado con la dirección de Agustín Salvia, se ha empleado una encuesta destinada a medir la Deuda Social Argentina; a ella respondieron 2.500 familias que habitan en nueve ciudades del país.
Resultados. Dice que la pobreza que se expande actualmente entre nosotros tuvo valores críticos a comienzos del siglo XXI, disminuyó en el quinquenio siguiente y volvió a crecer a partir de 2006. Otro tanto ha ocurrido con los niveles de indigencia.
Las zonas más comprometidas. Hay que considerar que la pobreza se distribuye desigualmente a lo largo del país. Así, por ejemplo, en las provincias norteñas se dan los más altos porcentajes de necesidades insatisfechas; en el Gran Buenos Aires, durante el curso de los últimos 30 años, la pobreza se ha multiplicado por diez, dato más que alarmante.
Un signo del colapso provocado por el pauperismo que afecta a tantos argentinos es la vivienda. Al respecto se comprueba un incremento del número de familias alojadas en condiciones precarias, ya sea en villas de emergencia, asentamientos populares u ocupaciones de hecho. El problema de la vivienda. En 2004 representaban el 10% de nuestra población; ahora constituyen el 17 por ciento. Además, el 36% habita en lugares que carecen de servicios cloacales, el 27% se ha instalado en lugares inundables, el 12% padece de hacinamiento y el 16% sufre de riesgo alimentario.
Quienes estudian profesionalmente estos temas sostienen que hay una pobreza estructural, dura y estable, núcleo del problema, en la que viven quienes descienden de generaciones pobres y permanecen en ese nivel, sin salida. Pero hay, además, una pobreza transitoria, la de quienes hoy se encuentran en esa situación, pero poseen capacidades para salir de ella.
El verdadero drama de esta declinación socioeconómica se agrava cuando pasa un tiempo, se agotan los recursos y las familias van teniendo hijos en medio de una pobreza que se va tornando estructural. El sólo hecho de pensar que una de cada tres familias argentinas no tienen una buena alimentación ni acceso a la vivienda y a la educación, coloca al país ante un interrogante histórico y comprometido.
Y esto es así porque ese tercio de familias nunca va a ingresar a los sistemas de la salud, de la educación y de la cultura. Si uno se plantea el resultado a diez años de la referida situación, enseguida se deduce que nos encaminamos hacia una declinación social grave. Algo que los políticos no pueden pasar por alto estén en el oficialismo o en la oposición porque lo que nos asombra ahora es le resultado de la ineficiencia en los distintos puntos del arco del poder.