Podemos decir que los hechos de inseguridad son todos aquellos que lesionan el bien jurídico al que tiene derecho toda persona consistente en que el Estado le garantice un estado de indemnidad contra acciones delictivas que ponen el peligro su vida o bienes, lo que se conoce como derecho a la seguridad ciudadana.
En tal sentido las personas desde siempre han sido víctimas de hechos delictivos que atentan contra su vida, integridad física o propiedad, disponiendo el Estado del sistema penal como instrumento institucional para abordar la mentada situación. Ahora bien qué ocurre cuando se da, -como los demuestran los datos de la realidad-, un incremento o desborde de tales situaciones de conflictividad, indudablemente que para dar una solución efectiva se deben analizar las causas del fenómeno, sin embargo los funcionarios de gobierno reciben la natural presión de la opinión pública a través de los medios que los coloca ante la acuciante necesidad de tener que dar una solución inmediata a tal problemática. Empero una solución seria, efectiva y real de la compleja situación de conflictividad no es nada sencillo, requiere de políticas o acciones de Estado de mediano a largo plazo que revierta: en primer lugar una situación estructural de pobreza o indigencia mediante posibilidades de trabajo genuino, que a través de la reducción o reemplazo del asistencialismo por el trabajo se elimine progresivamente el ocio, que hoy es un elemento pernicioso generador de malos hábitos; se reconstruya el concepto de autoridad como eje central de una convivencia organizada, que el ejercicio de la fuerza pública para reprimir el cese de una actividad delictiva no sea un desvalor sino un instrumento derivado de toda organización institucional. Se debe tener clara conciencia de que mientras más precarias sean las condiciones económicas y de educación mayor son las posibilidades de conflictividad social, en tal sentido se da una relación simétrica entre ambas variables. Igualmente que ante esa situación de desmadre de conflictividad social constituye un gravísimo error apelar al sistema penal como solucionador de conflictos. Este tradicionalmente ha sido concebido como la última ratio o engranaje del pragma reservado para aquellos hechos graves que institucionalmente no admiten otra forma de abordaje. Sin embargo ante el apremio de tener que dar soluciones se incurre en la demagogia penal representada en la falacia de creer que mediante la aplicación de un sistema penal más extensivo o riguroso se reducen los conflictos. Desde luego que se debe aspirar al perfeccionamiento del sistema penal en todos sus órdenes (judicial, policial, penitenciario) para lograr su aplicación más efectiva, empero sin la ficción de que con ello se reduce el índice de delitos, la consecución de este depende del hecho de que se reviertan las variables antes analizadas.
(*) Abogado. Mat. 2.082