Con frecuencia la sociedad observa que la Justicia es burlada por la impunidad. En julio de 2009, el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires descubrió copiándose a dos concursantes para el cargo de secretario de juzgado. La sanción que les impuso fue que no podrían concursar para ningún cargo en el Poder Judicial porteño durante cinco años.

Sin importar esa decisión, todo lo contrario, ambos son actualmente prosecretarios interinos en el Poder Judicial de la Nación. Luego del controvertido examen, uno entró a trabajar en la Corte Suprema de Justicia, donde conocen su situación, y el otro en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, al amparo del padre de su compañero de examen. La semana pasada el piquetero Luis D’Elía fue absuelto luego del juicio que se le siguió por la marcha que organizó de Liniers a Plaza de Mayo, en demanda de candidaturas para las últimas elecciones legislativas. La jueza Cristina Lara lo absolvió, al sostener que hay confusión y desconcierto entre los actores judiciales acerca de a quién hay que avisar antes de realizar una manifestación. Desafiando a la Justicia, el piquetero se jactó de ser casi un intérprete de las normas, al señalar que "el derecho a peticionar está por encima del Código Contravencional, que es anticonstitucional". ¿Es que no existe entonces el derecho constitucional a transitar libremente por las calles?

La reiteración de episodios de injusticia e impunidad genera un escenario de inseguridad y desconfianza que provoca, ante la falta de señales claras, un estado de desaliento en el humor social. Todo se revierte cuando reina la impunidad y los ejemplos palmarios pasan a ser los de quienes han sabido evadir la justicia y la condena social. La democracia no debe ser debilitada sino fortalecida. Cuando la impunidad se convierte en rutina y la conducta de cierta Justicia declina en sus responsabilidades, el escepticismo y el desinterés social van corrompiendo los fundamentos básicos de la democracia republicana.

Resulta imperioso que la Justicia nos recuerde la obligación de asegurar la observancia de las normas legales vigentes y renueve en todos sus cuadros el compromiso de la independencia y la imparcialidad de opinión. La ciudadanía, por su parte, debe abandonar el letargo y demandar de jueces y funcionarios el cumplimiento de las obligaciones que les compete.