En lugar de exigir de la liberación inmediata de Ledezma, al igual que la del líder opositor Leopoldo López y otros prisioneros políticos a los que las Naciones Unidas considera como "arrestos arbitrarios”, las principales organizaciones regionales y casi todos los presidentes latinoamericanos brillaron por su ausencia. Hace algunas décadas, cuando un país latinoamericano violaba las libertades democráticas, como Venezuela lo hace ahora, los principales líderes democráticos de la región solicitaban reuniones urgentes a la OEA, que le exigía al país infractor respetar las normas democráticas.
Cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori cerró el Congreso en 1992, toda la región respondió airadamente. Venezuela rompió relaciones, Argentina retiró a su embajador, y Chile y varios países solicitaron que se suspendiera a Perú de la OEA. El organismo protestó ante Fujimori, y lo obligó a convocar elecciones anticipadas para elegir un nuevo Congreso.
Maduro acusa a Ledezma y a otros líderes opositores de "conspirar y organizar” acciones violentas contra su gobierno, como encarceló a López con cargos similares, sin aportar pruebas en ninguno de estos casos.
El secretario saliente de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su "alarma” por los hechos en Venezuela. Pero como ningún país miembro pidió formalmente una reunión de cancilleres, sus declaraciones cayeron en el vacío. La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) anunció que enviará una delegación de cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia para observar la situación venezolana y luego convocar a una reunión regional.
Pero la Unasur es conveniente para Maduro. El año pasado, cuando las protestas estudiantiles en Venezuela dejaron al menos 43 muertos y la oposición pidió una mediación internacional para detener lo que calificó como una masacre, los gobiernos convocaron una reunión urgente de Unasur y enviaron como mediadores a los cancilleres de los mismos tres países. Pero la Unasur terminó ayudando a Maduro a ganar tiempo y diluir las protestas. Los cancilleres no solo no lograron la liberación de todos los estudiantes presos, sino ni siquiera obtuvieron las más mínimas concesiones que pedían.
El presidente de Unasur, Ernesto Samper, pidió el viernes un "diálogo” en Venezuela, y criticó las sanciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos sospechosos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. La reacción de Samper fue "absolutamente lamentable”, dice el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "No hay absolutamente ninguna conexión entre la cancelación legitima por parte de EEUU de visas y cuentas bancarias de funcionarios venezolanos implicados en abusos a los derechos humanos y corrupción, y las detenciones arbitrarias en Venezuela”. Vivanco añadió que "estamos viendo un deterioro diario de las libertades fundamentales en Venezuela. Lo único que queda para detener esta escalada de abusos es la comunidad regional”.