Ante la trascendencia que tienen en la vida diaria los medios de transporte, en todas sus modalidades y alcances, resulta imprescindible una legislación que proteja a los usuarios víctimas directas de las molestias y pérdidas económicas que ocasionan los movimientos de fuerza sindicales, amparados en garantías constitucionales que pierden legitimidad si está de por medio el bien común.
La huelga es un derecho laboral indiscutible, pero también un recurso extremo al que se llega una vez agotadas todas las instancias administrativas y legales en busca de consenso o una respuesta negociadora de partes, y siempre debe ser declarada con debida anticipación, a fin de no perjudicar a terceros ajenos al conflicto. Pero en nuestro país estos principios de convivencia social se ignoran con figuras de usos y costumbres que no contemplan ninguna norma, como son los "paros sorpresivos”, los "piquetes”, los "brazos caídos”, "paro con asistencia”, las "adhesiones” y los "escraches”, para citar las variantes más dañinas para el público que depende de algo indispensable.
Hay numerosos ejemplos de pasajeros rehenes, actividades frustradas, o de logísticas que frenan cosechas y líneas de producción donde el público en general, y los demás trabajadores en particular, sufren las consecuencias directas de una medida demencial. Lo sintieron en estos días los porteños por un piquete que paralizó 13 horas la línea C del subte por una disputa del poder sindical: metrodelegados, UTA y un inesperado STS que ni siquiera tiene personería gremial pero, alineado con el kirchnerismo, obtiene impunidad.
El transporte aerocomercial es otro botín disputado por la variedad de representaciones sindicales del sector, de manera que abordar un vuelo de cabotaje en el Aeroparque metropolitano se ha transformado en una incógnita. El azar lo manejan los gremios y a las demoras habituales se suman ahora los paros sorpresivos que alcanzan a las aeronaves en vuelo si la huelga se declara durante el viaje. Pasó con la frecuencia Buenos Aires-San Juan, en la tarde del jueves pasado, de manera que cuando el avión ya se acercaba a nuestra provincia giró para retornar a la Capital Federal, debido a un planteo laboral, sin dar ninguna explicación a los pasajeros. Es de imaginar los problemas que ocasionó a la gente el incidente sorpresivo.
Estos atropellos desvirtúan la legitimidad del paro y obligan a legislar, en todas las áreas relacionadas con prestaciones fundamentales, sobre la imposibilidad de paralizar un servicio público.