No faltan los motivos por los que se necesita una guardia en un hospital: han llegado hasta a llevarse un tomógrafo por una ventana, algo así como hacer pasar un elefante por una puerta de servicio.
Demasiado obvio. Pero aún así, hay sectores oficiales a los que parece hacerles falta que les repitan lo importante de custodiar el servicio público de salud. A tal extremo que esta semana, el asunto se convirtió en el epicentro de una discusión absurda.
De un lado de la mesa la Secretaría de Salud Pública y, del otro, la Policía y su escala jerárquica política. Créase o no, el hospital debe pagar para tener policías cobrando adicionales en sus días de franco, si es que quieren mantener cierto orden y que la moderna aparatología no vuele por los ventanales como salen en bolsillos inescrupulosos los medicamentos con el sello de Salud Pública y que aparecen a la venta en cualquier kiosco.
De modo que un hospital es como cualquier cadena de supermercados: debe pagar para ser cuidado de los delincuentes. No importa si adentro hay ciudadanos en lugar de clientes, o que los bienes sean públicos, como el tomógrafo que desvalijaron del Marcial Quiroga, en lugar de privados.
Aún así y contra toda lógica, una ley es la que establece que hospitales y escuelas públicas deben pagar seguridad pública. Una manera elíptica de sostener que el propio Estado no se hace cargo ni de su patrimonio ni de sus servicios.
Salud Pública y la Policía vienen manteniendo desde hace un tiempo una sorda disputa por la inseguridad flagrante en los hospitales y puestos sanitarios. Con dos disparadores: uno, el incesante robo hormiga al que es sometido el Estado con sus medicamentos, y otro, la desaparición de aparatología pesada.
Casi se van a las manos cuando el ministro de Salud, Oscar Balverdi, pidió autorización para contratar a servicios de seguridad privada en lugar de los adicionales policiales que debe contratar de manera compulsiva. El razonamiento era que la seguridad privada es más barata y que pueden pedirle que respondan por el patrimonio si es que se lo roban.
Y se mojaron la oreja hace poco, cuando en Salud Pública decidieron dejar de exprimir su presupuesto en seguridad que debería ser asumida sin pagos adicionales. Por lo bajo, comentaron que hay mucho personal a cargo de salud en las fuerzas de seguridad, como peritos o forenses, y que ellos no le pasan la factura por esos salarios a pesar de que trabajan en otra órbita.
Con el argumento de la tickeadora, desaparecieron los efectivos de las garitas en los hospitales morosos. En tres meses, al hospital de Caucete le robaron hasta la vajilla. En el hospital de Niños, las familias de los pacientes quedaron expuestos a que cualquier violento llegue a poner condiciones. Sólo dos ejemplos.
En la policía dijeron que no tienen el personal suficiente para custodiar hospitales y escuelas, pero si pagan los adicionales aparece el personal ¿No sería más sencillo contratar a más policías, o darle más presupuesto para que se haga cargo de lo que naturalmente le corresponde?, ¿y desafectar algunos efectivos de, por ejemplo, las custodias de los ministros para custodiar los hospitales?
El caso se cerró entre cuatro paredes, y luego de un largo minué. Entre el jefe de policía y el ministro de Gobierno no se pusieron de acuerdo sobre las razones de la falta de vigilancia en Caucete (el secretario de Seguridad no pudo ser localizado), se tomaron varios días para dar una explicación y finalmente volvieron los policías a la garita. Nadie sabe si pagan o no.
El de la seguridad no es el único asunto con el que bordea jurisdicciones ajenas. Allí está la obra del hospital Rawson, verdadero gigante de la obra pública en la provincia y auténtico orgullo de la salud a escala nacional. Pero que sigue cerrado al uso que tendrá: el de atender pacientes.
Fue inaugurado de urgencia, en la última visita presidencial allá por junio, cuando hacía falta cortar alguna cinta para ganar algún voto. Lo hizo la propia presidenta, sorprendida entre la impactante aparatología que ya estaba instalada. Y lo hizo en un marco irrespetuoso: entraron los muchachos de los gremios meta bombo en el moderno derivador central, que amplificaba el sonido y estallaba en las salas de cuidados intensivos con pacientes en grave estado.
El edificio es un ejemplo en todo sentido. De construcción dedicada a la salud pública, por un lado, a punto de haber impactado al propio ministro Manzur. Y de las trabas burocráticas que debe enfrentar como riesgo país, por el otro. Lo empezaron, lo paralizó la devaluación y la crisis del 2001, volvieron a hacerlo, cortaron la cinta hace ya tres meses, y aún no funciona.
Nuevamente, la poca información conspira. ¿Será verdad que, aún antes de ser abierto al público, hubo cierta fatiga de materiales y se cayeron los cielos rasos? No sería extraño: le ocurrió a la escuela más moderna del país inaugurada en los ’90 en Albardón, con el techo que se desplomó sobre los alumnos. Esta semana, el ministro de Infraestructura admitió que hubo desperfectos naturales como caños que no funcionan y que quieren ajustar todos los detalles antes de entregar la obra.
Pero hubo más. Fue Salud Pública el organismo que presentó la denuncia contra un supuesto médico trucho, Carlos Gómez, que además es concejal de Chimbas. Pateó de esa manera un gigantesco hormiguero porque se trata de un dirigente con acentuados vínculos políticos -hijo del líder de la Agrupación Piquetera Virgen de Fátima- y que, a juzgar por su conducta porque aún no habló públicamente del caso, se considera inocente.
El escándalo engordó notablemente esta semana cuando se supo que el edil cuestionado no sólo afecta el principio de representatividad -¿puede alguien sospechado un engaño como ser médico sin serlo, representar a la gente?- sino que empieza a bordear la salud pública. Resulta que Gómez también fue funcionario de Desarrollo Humano en el área referida a la niñez. Y parece que emitió recetas.
El caso es grave porque el encargado del área donde reportó Gómez, Jorge Toro, admitió el lunes que lo había hecho. Y no pudo explicar cómo alguien ingresa a un cargo estatal y puede recetar sin siquiera haber presentado una copia del título. Porque no ocurrió que presentó uno falsificado, sino que directamente no lo hizo.
El ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, optó por el vuelo bajo. En lugar de investigar a fondo salió a contradecir a su propio funcionario: que no dijo lo que dijo y que lo de las recetas "no le constan". Entendió que el asunto no es lo suficientemente grave como para llamar la atención ni ser investigado a fondo, y por lo tanto se sintió apuntado por alguna operación. Como salvavidas, hizo circular por lo bajo que a Gómez se lo había enviado el propio gobernador: ¿sugerirá, además, que le permitió emitir órdenes sin matrícula profesional?
El calorcito bajo el ala del jefe, otra vez, para buscar protección ante las desprolijidades.