El estancamiento de la economía y la incesante inflación el país, debido a la imprevisibilidad oficial, impulsa la pobreza y es cada menor la capacidad adquisitiva del que menos tiene. Ante este desequilibrio, la CGT reclama un aumento del 20% para el salario mínimo.
En principio, el pedido sindical aparenta cubrir una justa necesidad del asalariado, pero es un arma de doble filo que puede transformarse en un remedio peor que la enfermedad. Es que la economía es una ciencia exacta, no tiene lecturas subjetivas y fórmulas milagrosas frente al bien común. Es así que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ha revelado un estudio sobre el impacto que tienen los ajustes salariales desmedidos en una economía.
Concretamente, cuando los convenios colectivos se firman con aumentos de 20%, los ajustes de precios son de la misma magnitud, con el agravante de que tal aumento no permitirá mejorar la situación los trabajadores no registrados, o en "negro", que se estima representan un 50% de la masa laboral.
El efecto es mayor en las provincias, porque el 60% de sus gastos son los empleados públicos y con un aumento tal elevado, se resentirán las responsabilidades básicas, como educación, salud y seguridad, o tendrán un fuerte impacto a nivel fiscal. Esto no quiere decir que los sueldos mínimos deben quedar congelados, todo lo contrario, exigen una recomposición pero en una economía que pretende ser ordenada, un aumento general del 5% sería lógico para no entrar en la nefasta carrera de precios y salarios, donde estos últimos siempre pierden.