El saneamiento de la zona más contaminada de la Argentina y una de las mayores del mundo, la cuenca del río Matanza-Riachuelo, es un caso tan histórico como emblemático por el cúmulo de irregularidades en la función pública al intentar trabajos prioritarios cuando está de por medio la salud de millones de habitantes, en forma directa o indirecta.
El putrefacto curso de aguas residuales comprende parte de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, Marcos Paz, Merlo y Morón.
Los tropiezos por los reiterados fracasos políticos en la limpieza de las aguas, llevaron a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, con fallo inédito en julio de 2008, para que los gobiernos de la Nación, de la Ciudad Autónoma y el bonaerense, se hicieran cargo del saneamiento y se creó el ente Acumar, para implementar las tareas. Ahora hasta el nuevo titular del organismo, nombrado por el presidente Macri, ha renunciado ante los impedimentos que presenta un cuerpo inmovilizado desde noviembre pasado.
El tema es político y ejecutivo, ya que se cuenta con un presupuesto para 2016 de unos 1.000 millones de pesos, en un fideicomiso para pagar los sueldos y para las acciones y convenios que se firman con municipios y universidades, además de un financiamiento de 840 millones de dólares del Banco Mundial. Tanta incompetencia sorprende en la puerta de los políticos y medios que observan cataclismos por la minería sin que les importe una cloaca abierta a sus pies.