Dos razones alejan a Sicilia de su objetivo en la "Caravana de la Paz” -marcha de 9.000 kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington- que busca crear conciencia sobre que EEUU influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas.

Primero, porque son temas tangenciales tanto en la agenda nacional como en la de los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: recesión, economía y empleos. Segundo, como ya le ha pasado a Sicilia en sus dos marchas por el interior de México, su propósito de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No sólo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama sobre seguridad pública, migración y fraude electoral.

No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son sólo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50.000 muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón decidió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida.

La frase de Sicilia sobre que "EEUU nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso de EEUU. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justicia, Eric Holder, desclasificar documentos oficiales sobre la operación "Rápido y furioso”, después que se negó a informar y fuera declarado en desacato.

Washington debe aceptar su negligencia en su política de introducir armas de alto calibre en México y rastrearlas, ya que miles permanecen desaparecidas y otras tantas fueron decomisadas tras allanamientos y enfrentamientos con narcos.

Pero ni esta discusión ni las recientes masacres en un cine de Aurora, Colorado, que provocó 12 muertos y la de un templo Sij en Wisconsin con 7 víctimas mortales, lograrán que haya un cambio de política antiarmas en el país. Un reciente sondeo del Centro Pew, mostró que el 46% de los estadounidenses apoya el derecho a poseer armas, lo que demuestra que el principio a la defensa y seguridad personal como derecho constitucional, prevalece sobre las conductas irresponsables en el manejo de las armas.

Lo importante de la Caravana de la Paz es que no sólo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo de 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas, desaparecidos y perseguidos que han mantenido silencio por temor a mayores represalias de los narcos y de las autoridades.

Sin quererlo, la denuncia ciudadana de Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando acusan a EEUU de no aceptar compartir responsabilidades.