Es un hecho reiterado en el Poder Ejecutivo nacional, que al responder sobre cuestiones urgentes que demanda la sociedad busque girar la atención pública con alusiones acerca de que la Justicia no actuó o lo hizo tardíamente. Ese hábito se ha transformado en una constante de deslindar responsabilidades desde el atril, tanto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como de su esposo, Néstor Kirchner.
Esta rutina preocupante de endilgar a terceros asuntos que competen directamente al Gobierno, ha provocado la reacción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, institución que acusó al gobierno de mantener un "inocultable propósito mediático" y de "pretender deslindar su propia responsabilidad", remarcando a la vez que la falta de seguridad respecto de la persona y de los bienes de los ciudadanos resultan de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo.
Es que no puede señalarse graciosamente a la Justicia como responsable de la inacción frente al delito, debido a que resulta ajeno a las facultades de los magistrados todo lo relativo a la prevención del delito. La administración de justicia se limita a la aplicación de la jurisprudencia en el juzgamiento de los ilícitos ya cometidos, según las leyes dictadas por el Poder Legislativo y reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
También las cuestionadas excarcelaciones son dispuestas o desestimadas por los magistrados, con estricto apego a la normativa de aplicación, cuya modificación no depende de los jueces, lo que incluye el respeto -salvo en los casos de excepción específicamente habilitados- de la constitucional presunción de inocencia, y la consideración de los informes emanados del Servicio Penitenciario Nacional.
La lectura de estas posiciones, coloca al ciudadano en una situación interrogativa en un país en el que los poderes del Estado no actúan claramente y de acuerdo con sus responsabilidades. Qué puede esperar la ciudadanía de los organismos e instituciones que dependen de esos poderes que son los que garantizan el accionar de la estructura republicana.
Las impericias o abandono de las verdaderas normas que regulan el accionar de las instituciones no deberían ser expuestos a la consideración de la invalorable opinión pública, porque se atenta contra un sistema que debe velar por los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional.