Brasil es el único país americano, a excepción de EEUU, con las características requeridas para ser líder: Tamaño, población, PBI y respeto internacional. Pero para liderar no sólo debe pretenderlo, sino asumirlo. Tiene que meterse en asuntos no tan simpáticos, perder el miedo a tomar acciones que polarizan y sobre todo debe, bajo el principio de la universalidad, denunciar los atropellos sistemáticos de los derechos humanos, así ocurran en Cuba como en China.
Bien o mal, el ex presidente Lula da Silva asumió acciones de este tipo. Ahora es la presidenta Dilma Rousseff quien tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para asumir el liderazgo. Si Brasil denuncia y reclama al régimen de Cuba por las violaciones actuales a los derechos humanos, no sólo reivindicará la sed de libertad del pueblo cubano, sino que romperá la parsimonia timorata de sus pares latinoamericanos, que sucumben a la propaganda castrista y del presidente venezolano Hugo Chávez sobre que los principios de soberanía y no intervención, les impiden inmiscuirse en asuntos internos para denunciar los abusos.
Esa inmunidad, permite a Raúl y Fidel Castro seguir aplastando las libertades. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en septiembre la detención de 563 personas por motivos políticos, más del doble del registrado en cada uno de los meses anteriores del año y la cifra más alta de las últimas tres décadas. Corroboran esta tendencia los informes de de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de la Sociedad Interamericana de Prensa, que demuestran que la situación de los derechos humanos y el clima de libertad de expresión, lejos de mejorar, continúan deteriorándose.
Lo más extraño es la doble moral de la mayoría de gobiernos de la región, que esquiva denunciar a la dictadura cubana, aunque hayan ensalzado a los recientes movimientos populares democráticos en los países árabes. Cuba y Venezuela vienen comprando ese silencio a base de petróleo más barato, insultos diplomáticos y estrategias propagandísticas. La más urdida fue la de hace dos años, cuando Chávez cabildeó para que Cuba sea readmitida en la OEA y logró la aprobación de la asamblea. Enseguida, Fidel Castro desairó a todos y despotricó contra el organismo "prestado a los intereses del imperio”. En realidad, nadie comió el anzuelo. La reinserción, equivalía a que su gobierno debía asumir responsabilidades en materia de democracia y derechos humanos, aspectos que desprecia.
Los estados latinoamericanos no deberían estar tranquilos ni sentirse exonerados de exigir responsabilidades al régimen. Aunque Cuba no se someta a la Carta Democrática Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1969 establece el vigor de tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por encima de disposiciones de su derecho interno y de su Constitución, lo cual la hace igualmente responsable ante el universo, por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como muchos que parecen cometerse en ese país.
Si se examinan las agresiones que las turbas gubernamentales provocaron contra las Damas de Blanco, los arrestos continuos de disidentes, las trabas a la circulación de personas y a la libertad de expresión, se podrá advertir la mano de las autoridades detrás de todas esas transgresiones.