Sigue el avance legislativo en el Congreso de la Nación con el objetivo de despenalizar el aborto. Se trata de un tema que debe ser afrontado en estrecha relación con el conjunto de factores que caracterizan al hombre y a la sociedad actual.

El aborto no constituye hoy la única amenaza que se cierne sobre la vida y la persona humana. No es sólo la vida no nacida la que se encuentra gravemente amenazada. Vivimos en un mundo en el que si bien se ha adquirido una intensa conciencia de la dignidad de la persona, son, sin embargo, muy frecuentes los actos de violencia de todo orden dirigidos contra la misma persona.

Las guerras, la violencia ejercida desde distintas formas de poder, el terrorismo, la droga, la indiferencia o la insuficiente atención ante las catástrofes sufridas por pueblos y razas, son muestras de una práctica depreciación de la vida del hombre. Dentro de este contexto, millones de abortos provocados anualmente en el mundo, lo convierten en el atentado cuantitativamente más grave contra la vida del ser humano.

El hombre y la mujer, han adquirido en la actualidad una mayor conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades, del respeto debido a su libertad y a su capacidad de decisión. Sin embargo, no puede perderse de vista que la más auténtica realización de la libertad del hombre es la que responde a las exigencias fundamentales que dimanan del profundo sentido de su vida. La libertad del hombre se envilece cuando actúa de modo despótico y egoísta, es decir, cuando se prescinde de la dimensión social del ser humano. La aspiración, por demás legítima, de la mujer a su emancipación y promoción debe lograrse en conformidad con aquellas responsabilidades que brotan de su vocación a la maternidad y, sobre todo, no puede nunca realizarse atentando contra la vida humana en gestación.

No se trata de ignorar los argumentos que se invocan a favor de la legalización del aborto: complicaciones del aborto clandestino, invocación del mal menor y del pluralismo social. Sin embargo, no se debe ignorar el inviolable respeto a toda vida humana, ya que se trata de un principio fundamental que debe estar legalmente salvaguardado.

Una sociedad en la que el derecho a la vida no está legalmente protegido es una sociedad intrínsecamente amenazada. Por ello, aun siendo verdad que el legislador no está obligado siempre a penalizar toda infracción moral, es deber suyo, en razón del bien común, la defensa y la protección de toda vida humana.