La iniciativa oficial de introducir profundos cambios en la legislación civil, ha recibido críticas de amplios sectores de la sociedad, frente a propuestas inherentes a la vida humana y la dignidad de las personas que hieren al sentimiento mayoritario de los argentinos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha encomendada a una comisión de juristas cambios al Código Civil con las figuras del divorcio exprés, el contrato prenupcial, la reproducción humana asistida y el alquiler de vientres, o "gestación por sustitución”, entre otros temas polémicos. Una comisión integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, deberá redactar el proyecto.
Esta tarea debería abrir un abanico de consultas para conocer las opiniones de instituciones como la Iglesia y organismos de bien público no comprometidos, respecto a las figuras legales y humanas que nuclean a la familia, el matrimonio y la filiación de las personas. Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, cuestionó el domingo pasado, en su mensaje pascual, a la reforma señalando que la ley no debe banalizar ni a la familia, ni al matrimonio y puntualizó que al buscar "una salida exprés a todo, se debilita el matrimonio”. Recordó -sin olvidar los derechos del niño- que el Código Civil "es un marco modélico para la sociedad”. Esto también plantea otro desafío en a las relaciones de la Iglesia con el Gobierno nacional como lo fue en su momento la ley de matrimonio igualitario, sancionada en una coyuntura legislativa como la actual, con acatamiento político disciplinado, por encima de la objeción de conciencia de los representantes del oficialismo.
Más allá del progresismo ideológico que anima los cambios propuestos, se plantea la necesidad de escuchar a todos los sectores de la sociedad a fin de consensuar la necesidad y la oportunidad de hacer los cambios trascendentes que urgen supuestamente en una legislación tan sensible en los vínculos familiares. Cuestiones como el apellido de los hijos que será una decisión de mutuo acuerdo para que lleve indistintamente el de las "relaciones filiatorias” (palabras que reemplazarán a padre y madre), o por sorteo en el Registro Civil si la pareja no llega a un acuerdo, o que la fidelidad y respeto y hasta la convivencia bajo un mismo techo sean opcionales, son ejemplos que imponen el pronunciamiento de una sociedad consustanciada en su gran mayoría con principios morales arraigados en el sentido común.