Si algo quedó plenamente expuesto a partir de los anuncios presidenciales efectuados por el Ing. Macri, quien luego de su triunfo en las urnas se dio el lujo de juntar a los principales agentes económicos del país en el Centro Cultural Kirchner, era que el gradualismo continuaría su avance inexorable, esta vez y desde el aspecto impositivo con una importante metamorfosis. A pesar de los escabrosos casos mencionados por el Presidente en relación al sobredimensionamiento del empleo público y jubilaciones de privilegio, que en una actitud de simulada incredulidad parecía horrorizar a propios y extraños, la modalidad adoptada por el gradualismo impositivo era que todo aquello relativo a engrosar y paliar el déficit fiscal era de instrumentación inmediata, más todo aquello que implicara resignar ingresos fiscales y reestructuraciones a nivel de gasto, tomarían un tiempo prudencial.
Si bien no es intención de la presente columna efectuar una evaluación total de la reforma propuesta, la que está en un permanente proceso de reforma, se resaltarán algunos aspectos básicos de la misma, indicando en cada caso los principales conflictos de intereses.
* Impuesto a la renta financiera: en una medida que cuenta con el aval de un amplio sector de la población y en un contexto en el cual la bicicleta financiera, vía las alta lebacs parece no tener freno, este impuesto, seguramente no compartido desde lo conceptual por el Presidente, representa una fuente segura y sustentable de financiamiento. En un escenario 2018 con una inflación del orden del 15%, con reservas de U$S crecientes del orden de los 60.000 millones, que permitan hacer frente a una corrida bancaria, grabar la renta financiera se entiende como una medida acertada. La imposición de un monto mínimo anual del orden de los $65.000 y el pago por el excedente parece ser un alivio para los ahorros de una empobrecida clase media, que conforma el grueso del pequeño inversor financiero.
* Impuestos internos: a sabiendas que la fijación de impuestos internos traería problemas a algunas economías regionales, en nuestro caso específico “el denostado impuesto interno al vino y espumante” por el que se dio marcha atrás, nos preguntamos si el mismo, solo fue una medida para ganar apoyo político a las medidas de fondo que vendrán. La factura ya está pasada, los votos de diputados y senadores de las provincias ahora beneficiadas por la excepción, se van a contar de a uno en el Congreso. El incremento del impuesto interno a las bebidas gaseosas, bebidas blancas y destilados y el mantenimiento de la alícuota en la cerveza, a pesar de las resistencias, está acorde a los altos márgenes de rentabilidad y niveles de crecimiento de consumo del mercado; la hipocresía sobre la justificación en problemas de alcoholismo que motivan este impuesto creo que deberían ser dejados para la realidad de otro contexto fiscal.
* Reducción de contribuciones patronales: bajo un esquema gradual de reducciones que dejarán las contribuciones patronales en una alícuota del 19,50%, pero con el importante anuncio de poder deducir de la remuneración bruta $12.000 por empleado, esta medida que entiendo es la más osada dentro de la reforma propuesta, tiene el objetivo de promover nuevo empleo. Sin dudas el desfinanciamiento que esta medida traerá sobre el Sistema Previsional, se pretende sea compensado entre otros motivos por: -Blanqueo laboral: mediante el cual se pretende se incorporen al sistema formal del trabajo un importante número de aportantes. -El crecimiento genuino de empleo a consecuencia de un crecimiento sostenido en la actividad económica de nuestro país.
* El recupero de IVA por inversiones, el incremento en las deducciones personales en el Impuesto a las Ganancias para autónomos, entre otras medidas, se alinean en el concepto de quitar presión impositiva.
Para aquellos que esperamos que el debate sobre el déficit fiscal se inicie a partir del análisis y reducción del gasto y no del incremento de los ingresos fiscales, el discurso y el posterior avance en la reforma está dejando sabor a poco. Los ajustes sobre las jubilaciones de privilegio, la revisión de nombramientos y contratos que incrementaron exponencialmente la planta estatal y la reducción de gastos, deben ser hitos a partir del cual podamos pensar que en serio se está luchando contra el déficit fiscal.
En una visión optimista sobre las medidas de gobierno que se están tomando, espero desde lo personal que las mismas no sean una versión PRO del gatopardismo que implique el “hay que cambiar todo para que nada cambie”.
El eterno déficit producto de un populismo malentendido, que caracterizó los sucesivos gobiernos de nuestro país, requiere de una actitud seria y comprometida de todos los agentes económicos.
La historia del país requiere que el cambio que se proclama sea una realidad y no mera propaganda.