Según anunció ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el nuevo Código Civil y Comercial se promulgará recién el año que viene, desechando la idea inicial del Gobierno nacional de que la reforma sea sancionada antes del recambio del Congreso, en diciembre, ante un quórum que después podría ser desfavorable para el oficialismo.
Concretamente, el tratamiento de la ley será a partir del próximo período de sesiones, el 1 de marzo de 2014. El aplazamiento del cuestionado proyecto posibilitaría más cambios frente a las críticas de la oposición, de la Corte Suprema y de la Iglesia. Es decir, puede acercar a las partes para que a través de un profundo análisis esta actualización no se convierta en un retroceso jurídico.
Una de las propuestas más controvertidas se refiere a la eliminación de la responsabilidad civil del Estado, incluida por la comisión redactora integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Esta eliminación implicará que el ciudadano común no podrá reclamar por vía civil una reparación por los daños y perjuicios cometidos por el Estado o cualquier funcionario público.
Hasta ahora, la persona afectada podía acudir al fuero civil para reclamar un resarcimiento por ese daño cometido; sin embargo, el oficialismo, en su predictamen, estableció que estos casos se deberán dirimir en el fuero administrativo, que no sólo es más contemplativo con los intereses del Estado, sino que la legislación varía según sea la provincia.
Dispone además, que "’el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos” y, para rematar, establece que el Estado no debe "’en ningún caso” proceder a la reparación del lucro cesante en caso de una actividad legítima que perjudique a un tercero. Para dimensionar la magnitud del cambio, vale el ejemplo del trágico accidente en la estación de Once, el año pasado.
Ahora, un damnificado por ese accidente puede accionar civilmente, en forma solidaria o independiente, contra los concesionarios, contra los funcionarios responsables de controlar el servicio y contra el Estado, responsable directo por estos actos. Con la nueva legislación, la persona afectada sólo podrá acudir a la vía contencioso administrativa de Capital Federal.
Con estas reformas, se producirá un grave retroceso jurídico, garantizando la impunidad de funcionarios corruptos y de empresarios inescrupulosos, mientras que los derechos de los ciudadanos quedarían seriamente debilitados.