La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto para reglamentar la figura del "’per saltum”, recurso extraordinario que habilita a la Corte Suprema a intervenir en causas judiciales sin que hayan superado las instancias procesales inferiores.
El Gobierno nacional busca apelar a esta herramienta para apurar la resolución de la causa en la que se analiza la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios audiovisuales, sancionada hace tres años. Se trata de un recurso atípico para llevar un caso judicial a estudio de la Corte Suprema, saltando (saltum), es decir, pasando por alto las exigencias de todo proceso: que el caso haya sido resuelto, previamente, por el tribunal superior, que normalmente es la Cámara de Casación o una cámara de apelaciones.
El alto Tribunal sólo admitió el per saltum en algunos casos extremos, cuando supuestamente encontró que existía alguna circunstancia que daba al caso una gravedad institucional de gran repercusión social. La Corte usó el per saltum por primera vez en 1988, para expedirse sobre la masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco en 1976. Pero fue durante la gestión de Carlos Menem cuando más se usó ese recurso. Por ejemplo, en 1990, cuando la Corte tomó el caso Dromi, sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, dictando sentencia, y en 1997, con el caso Nievas, a instancias del entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, en el que estaba en juego la privatización de los aeropuertos.
En 2001 se mantuvo el per saltum a través del decreto 1387/2001, por un muy breve período, hasta ser derogado. Luego, en 2002, el per saltum fue regulado por una ley, pero ésta también fue derogada. Además, la mayoría de los jueces se negó a tomar un caso per saltum si no estaba regulado por ley. Luego de 2003, los jueces dejaron trascender que no aceptarían nunca un per saltum sin una ley que lo habilitase. Ahora, al aprobar el Congreso esta ley, la Corte podrá tomar el caso o no. No está obligada a hacerlo, pero quedará en el centro de todas las miradas.
Estamos ante un final todavía abierto, pero el precio pagado hasta aquí por la independencia de los poderes y, por encima de todo, por la República, es de tal magnitud que ni siquiera podría afirmarse que este Gobierno saldrá indemne de todo ello, aunque pueda obtener sus objetivos.