Según datos oficiales, los intendentes de 60 municipios de la provincia de Buenos Aires cerraron 2009 con sus cuentas en rojo, y al menos 20 no podrán pagar este año sueldos ni insumos básicos sin respaldo provincial o nacional. Para frenar la debacle, el gobierno bonaerense modificó el último presupuesto e impuso medidas que no se usaban desde 2002. La más importante es que en 2010 todos los intendentes tendrán "superpoderes" para reasignar a su gusto partidas presupuestarias sin autorización previa de los concejos deliberantes. Además, no recibirán sanciones por haber cerrado 2009 con déficit, podrán pagar con bonos a los proveedores y hasta refinanciar sin límites sus deudas provinciales.

Mientras tanto, se sabe que el gasto público alcanzó en la Argentina, en 2009, un récord histórico: consolidado el de la Nación y las provincias, llegó al 35% del PBI. La evolución nacional del gasto es preocupante. En 2007 fue 50% más que el año anterior; en 2008, 37% más y el año pasado, otro 29% por ciento. Esta expansión se corresponde con una presión tributaria creciente: entre 2005 y 2009 los impuestos aumentaron un 12% y si se agregan los incrementos provinciales, la suba fue del 14 por ciento. Es decir que, en la Argentina se aplica una presión fiscal del 34%, similar a la de Nueva Zelanda o Israel, países que relevan a sus ciudadanos de gastar en salud, educación o seguridad privadas.

En los últimos meses, hubo un dato relevante que la Nación habrá advertido, y es que muchas provincias, entre ellas San Luis, Chaco, Corrientes, La Pampa y Santa Fe, decidieron llevar a la Corte Suprema de Justicia los conflictos que mantienen por miles de millones de pesos con el Estado Nacional. Hace 80 años, el país abandonó el primigenio régimen de reparto de impuestos entre Nación y provincias y adoptó un muy cuestionable sistema de coparticipación que le permitió al Estado nacional, con el correr de los años, acrecentar su porción en la masa de la recaudación, en perjuicio de los distritos. La Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti, estaría dispuesta a asumir un rol relevante en el ejercicio del poder y escuchar los reclamos de los mandatarios provinciales para que se resuelva el problema de la coparticipación federal.

La situación de ahogo de las provincias y de muchos municipios no deja de ser preocupante, al igual que el nivel de gasto público, contrario a toda iniciativa de mesura y austeridad que el contexto y el bien del país exigen.