Las entidades que agrupan a las radiodifusoras y televisoras privadas pidieron disculpas a sus audiencias por la excesiva cantidad de avisos gratuitos emitidos durante la reciente campaña electoral, impuestas por la ley 26571. La norma obliga a los permisionarios a ceder amplios espacios publicitarios a las agrupaciones políticas, sin compensación económica, lo que se suma a las fuertes pérdidas por alterar programaciones con caídas de audiencias. Esta exigencia no alcanza a las señales extranjeras que emiten en el país y, obviamente, a los medios sin licencias.
La población, colmada de estos mensajes repetitivos y estresantes, puede dar fe del exceso propagandístico a veces irritante para la audiencia; pero a las empresas privadas esta alteración se traduce en serias pérdidas materiales. Pero los casos denunciados por ARPA y ATA se potencian en Córdoba donde leyes provinciales equiparan a los operadores audiovisuales con los medios gráficos y ordena a los diarios a ceder páginas de publicidad gratuita a todas las agrupaciones políticas.
Esto constituye un verdadero atropello a los editores cuyas fuentes de financiación son la venta de avisos publicitarios y el precio de tapa de los ejemplares. A diferencia de la radio y la TV, que utilizan el espectro radioeléctrico y otros servicios del Estado, las leyes cordobesas 9571 y 9831, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia provincial, que rechazó las diferentes presentaciones para su derogación, avanzan sobre la propiedad privada, el ejercicio del periodismo independiente y la libertad de expresión. Es una clara maniobra de censura previa, ya que obliga a un diario a publicar un mensaje que por su línea no desearía difundir.
Si bien la legislación cordobesa pudo tener buenas intenciones al proyectarse, de manera que todos los partidos políticos tengan los mismos recursos para difundir su mensaje, en la práctica tiene un efecto contrario porque restringe la libertad de prensa, el ejercicio libre del periodismo y la libertad de empresa. Además, es a todas luces una normativa inconstitucional, ya que la Carta Magna otorga a la libertad de expresión y de prensa garantías que incluyen a los pactos internacionales con rango constitucional.
Más grave todavía en Córdoba, ya que el propio gobernador suscribió en 2000 el Acta de Chapultepec, que precisamente condena estas prácticas extorsivas.