Los planes sociales, impuestos tras la crisis de 2001, lograron la contención social de los más necesitados, pero siempre estuvieron asociados al clientelismo político con contraprestaciones.
Lo dice un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), basado 4891 denuncias tramitadas ante la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social. El estudio, "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", descubrió que el mayor clientelismo (79,5%) no ocurre durante la inscripción o el pago del plan, sino en la contraprestación laboral. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar -hoy con 668.000 beneficiarios pero llegó a 2 millones en 2002-, se exige asistir de 4 a 6 horas diarias a actividades comunitarias o de capacitación.
La denuncia más común es el cobro de un porcentaje del subsidio: el 45,4% de los casos. La "comisión" que se pide es de 10 a un 20% del plan (63,2% de los casos), que representa entre 15 y 30 pesos mensuales, pero puede llegar a los 75 pesos (3,4% de las denuncias), o sea la mitad del plan.
Otras irregularidades son las amenazas (21,6% de los casos), la contraprestación irregular (19,6%) y el acoso sexual (0,5%) y, entre las irregularidades más comunes (69,4%) es exigir a los beneficiarios la participación en marchas políticas y piquetes.
Sin reformas institucionales para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas de los programas sociales, difícilmente se terminará con el clientelismo político.