Sin esperar la aprobación del presupuesto provincial, y conocer la mayor coparticipación prevista para 2013, casi todas las municipalidades anunciaron que aumentarán las tasas de servicios en el próximo período fiscal. Esta voracidad contributiva, que llegaría al 30% en algunos departamentos no tiene un correlato con políticas de Estado que respondan a una estrategia de obras prioritarias para mejorar la calidad de vida en los respectivos ejidos.
La sensatez del ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, al recomendar a los intendentes no incrementar las tasas porque los mayores costos serán compensados con recursos coparticipados, no tuvo eco en los gobiernos comunales y avanzarán en procura de disponer de mayores fondos. La razonabilidad, empero, parece surgir de la idea de achicar la enorme morosidad existente, que algunos departamentos tienen índices de contribuciones impagas de hasta el 60% y un promedio general del 40% que los intendentes aseguran que lo achicarán hasta con recaudadores domiciliarios.
La lógica indica que se debe intensificar el cobro antes de seguir castigando al buen contribuyente, pero lo importante es conocer los objetivos de esta avidez recaudadora con aumentos que superan la inflación real. En general los vecinos observan que los presupuestos municipales no se destinan a obras que reflejen las necesidades de la población en servicios básicos sino más bien trascender ante la opinión pública con parques industriales, teatros y fiestas y espectáculos aparatosos, mientras se descuida el agua potable, la recolección y disposición de residuos, el riego, el alumbrado, la pavimentación y la eliminación de viviendas precarias, o el apoyo a la educación, funciones que le dejan al gobierno provincial en la mayoría de los casos. Esto recuerda a las obras comunales de décadas atrás, cuando parecía que cada intendente colocaba en una calle principal un bulevar como sello de su gestión, aunque estos recursos viales van desapareciendo en el mundo.
Resulta también conveniente vender los edificios o inmuebles obsoletos o que no son imprescindibles para el funcionamiento municipal a los efectos de evitar gastos innecesarios. Una administración austera con menos personal y más eficiencia, motivará al vecino a cumplir porque no sostendrá aparatos improductivos.