Dentro de los desastres naturales que se pueden presentar en nuestra provincia, los movimientos sísmicos son, probablemente, los que más inquietan a la población, ya sea por que son impredecibles o porque sus consecuencias pueden ser fatales para muchas personas, más allá del daño que ocasionan en obras de infraestructura y la prestación de servicios esenciales, como la provisión de luz, agua y gas.
Desde mediados del siglo pasado, a poco de producirse el destructivo terremoto de 1944, que dejó más de 10.000 muertos y la ciudad de San Juan totalmente derrumbada, se viene intentando generar una cultura sísmica basada en la prevención, que contemple tanto la forma de construir las casas o edificios, como el comportamiento de la gente y accionar de los organismos competentes para asistir a la población ante la emergencia.
Fue, precisamente, después de 1948 que comenzaron a aplicarse las primeras normas de construcción sismorresistentes y a crear conciencia en la población sobre la necesidad de estar preparada, en cualquier momento, para un terremoto. Estas primeras acciones cumplieron satisfactoriamente su cometido ante otros sismos de gran intensidad como fue el del 10 de junio de 1952 y el del 23 de noviembre de 1977, ambos considerados altamente destructivos.
Pero el crecimiento de la población con la consecuente ampliación de las áreas urbanas y los avances tecnológicos que se dieron especialmente en el área de la construcción, ha hecho imprescindible en el transcurso de los años la necesidad de actualizar los contenidos, y de que se elabore una propuesta que apunte a formular una política provincial de prevención sísmica, basada en una serie de acciones que hagan posible una disminución de los efectos del peligro y del riesgo sísmico.
Antes de continuar recordaremos que el peligro sísmico está dado por el nivel de sismicidad de cada zona; en tanto que el riesgo sísmico es el nivel en que las personas, las construcciones y las instalaciones están expuestas a los daños potenciales derivados del peligro sísmico.
En un acuerdo de partes, con el objeto de elevar al Gobernador de la provincia una propuesta vinculada a la necesidad de que la provincia cuente con una efectiva política de prevención sísmica, un grupo de expertos, especialistas en temas sísmicos, encabezados por el Ing. Julio Soar Aguirre Ruiz (ex director del Inpres; ex ministro de Obras Públicas de la provincia y actual asesor de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción) y el presidente de la Delegación de la referida Cámara, Fernando Suárez, fue elaborada una propuesta que, en una primera parte, contempla una serie de medidas predominantemente técnicas, que pueden ayudar a disminuir los efectos de los terremotos en cuanto a pérdidas humanas y materiales.
Este trabajo ha llevado varios meses de elaboración, pero ya está en manos de las autoridades pertinentes para su evaluación. Para formular esta propuesta, sus autores consultaron a las siguientes autoridades: el Director Nacional del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica); el presidente y autoridades del Centro de Ingenieros de San Juan; al director y jefe técnico de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, respectivamente; al decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNSJ; el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y el presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan. Cada uno de ellos hizo su aporte, en medio de un debate enriquecedor, basado en un historial en el que abundan datos técnicos sobre la experiencia que tiene nuestra provincia en sismología.
El informe es muy completo, al ofrecer abundante material sobre las normas a tener en cuenta para una política de prevención sísmica, las cuales se deberían aplicar en distintas etapas, que van desde la forma de construir viviendas hasta la necesidad de incluir en los programas de educación pública y privada contenidos sobre el tema.
Lo que se busca por todo los medios es hacer posible que haya una acción conjunta tendiente a propiciar la adopción por parte del Gobierno de la provincia, de las medidas necesarias para lograr que San Juan pueda encontrarse en óptimas condiciones para afrontar las consecuencias de terremotos destructivos.
En una segunda nota abordaremos las acciones sugeridas para establecer una "Política provincial del prevención sísmica” basada en la necesidad de proteger de los efectos de los terremotos vidas y bienes de los habitantes.