El proyecto de Presupuesto nacional 2016, que ha sido enviado al Congreso para su tratamiento, plantea los interrogantes de todos los años por estar divorciado de la realidad que vive el país. Las expectativas del cálculo de gastos y recursos no se basan en los números de la situación actual y las proyecciones para el año fiscal venidero son por demás optimistas.
Estas metas, prácticamente irrealizables, no deberían sorprender porque se han sucedido durante una década según el escenario macroeconómico visto por el Gobierno, pero ahora esta rutina constitucional se presenta en un año electoral con desbordante gasto público y condicionamientos para las nuevas autoridades que asumirán en diciembre. La reformulación de las cifras conlleva el riesgo de asumir un elevado costo político por el impacto social de los probables ajustes para frenar el déficit fiscal y atenuar la incesante presión tributaria.
Entre los indicadores más relevantes se citan para 2016 un crecimiento del PBI del 3%, el tipo de cambio promedio de $10,60 por dólar y una inflación del 10,4% anual. Estas cifras son incompatibles como proyección para el año entrante en momentos en que la economía está prácticamente estancada, la inversión en retroceso, el saldo comercial externo reducido a su mínima expresión, y las reservas internacionales próximas al nivel crítico.
El proyecto también estima que los gastos totales crecerán un 16,4% respecto del hipotético nivel del 2015, pero en los primeros siete meses de este año esos gastos totales ya crecieron un 39,9% y el desborde continúa en aumento. Sin duda el contexto presupuestario es un "dibujo", según los analistas, o mejor dicho inejecutable, gane quien gane las elecciones.
