El Gobierno Nacional gasta apenas 1,1% del Producto Bruto Interno (PIB) en servicios destinados a Justicia, Defensa y Seguridad. La cifra es la más baja de la serie histórica que difunde el Ministerio de Economía, desde 1980.

Se trata de un tema controvertido, tanto porque la inseguridad está al tope de los reclamos sociales, como también se planteó en la agenda electoral. Además, porque cada vez más voces recomiendan reformar el sistema judicial.

Desde los sectores más reaccionarios que piden mano dura hasta quienes demandan cambios estructurales para atacar la cuestión de fondo con educación e integración social, todos coinciden en que es necesario tomar medidas para reducir el delito y la violencia.

Dos meses atrás los integrantes de la Corte Suprema, su titular, Ricardo Lorenzetti, y el juez Carlos Fayt, pidieron un aumento de los fondos públicos para el Poder Judicial y reducir los casos que anualmente trata el Máximo Tribunal, prácticamente colapsado al igual que la mayoría de los juzgados del país. Sin embargo hasta ahora esos reclamos no han sido escuchados.

Si bien la resolución de la inseguridad no puede depender de una sola medida, sino de una política integral, la falta de respuesta a pedidos de fondos para modernizar y agilizar el sistema judicial, pilar fundamental en el combate contra la delincuencia, es una muestra de que el gobierno nacional no tiene las mismas prioridades que la sociedad.

Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía muestran una baja del 23 por ciento del gasto Nacional en Justicia, Defensa y Seguridad desde 2003, al iniciarse la administración de Néstor Kirchner, cuando se invertía el 1,35% del PBI con esa finalidad.

La pregunta que subyace, a modo de ejemplo, es cómo se puede iniciar una reforma del Código penal para bajar la edad de imputabilidad, que vale recordar inició el oficialismo por oportunismo más que por convicción en el Congreso de la Nación. En ese sentido sería necesario dotar a las provincias de nuevas penitenciarias y de nuevos programas de resocialización, con los gastos que eso conlleva y un presupuesto cada vez más exiguo en el área de seguridad.

Contradicciones que el Gobierno nacional debe resolver para realmente atacar el problema de fondo que aqueja a la sociedad argentina: la inseguridad.