Los últimos datos del Foro Económico Mundial, arrojaron que Argentina encabeza un listado de 140 países en los que las empresas pagan más impuestos en función de los beneficios que obtienen. Este es uno de los reclamos de las pequeñas y medianas empresas. Ante esta situación, se considera que la aprobación de la Ley Pyme traerá un alivio al sector en el que el costo fiscal es de hasta el 60% de los márgenes de los ingresos brutos. Se considera que para alcanzar realmente una mejora para el sector hay que seguir bajando la presión impositiva y, sobre todo, ordenar los impuestos y tasas provinciales y municipales.
En en la última década, la presión fiscal sobre la economía creció un 55%, multiplicando cantidad de gravámenes que pagan las empresas, especialmente municipales. En este contexto los impuestos contenidos en las tarifas de servicios públicos, que en algunos casos son más de 10, tienen gran incidencia. Es en las facturas de luz, agua o gas que encuentran los denominados ‘impuestos invisibles’ que en San Juan superan el 50 por ciento.
Son varios los aspectos que deberían ser corregidos en materia impositiva para optimizar el funcionamiento de las empresas. El hecho de que la Ley Pyme mejore la liquidez y permita sostener el empleo; como también que contribuya a la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y permita tomar como pago a cuenta de ganancias el impuesto al cheque; o que las empresas realicen inversiones productivas computando como pago a cuenta de ganancias un 10% sobre el valor de lo que invierten, constituye una esperanza de que se impulse la inversión y crezca el stock de bienes de capital, generando un mayor avance tecnológico.