De acuerdo a lo anunciado por las autoridades de la cartera económica, a partir del jueves venidero se aplicarán nuevos aumentos a los precios de surtidor de los combustibles líquidos, según un esquema de ajuste en los valores de venta al público que supera el 50% en los últimos 12 meses. Es decir, en la Argentina los incrementos en el expendio de naftas y gasoil superan los índices inflacionarios y los argumentos oficiales se relacionan con un sinceramiento por la devaluación del peso frente al dólar.
Sin embargo, la cuestión se centra en el alto componente impositivo -de los más elevados del mundo- que tienen los precios de los carburantes, que no sólo inciden en el bolsillo de los automovilistas y en particular a los transportistas sino que terminan ejerciendo una fuerte presión alcista sobre toda la economía en general si se tiene en cuenta el impacto en los servicios. Los números también se reflejan en la fluctuación mensual de los índices de nivel general.
Es así que la nafta o el gasoil que se paga en surtidor tienen entre un 38 y un 45% de carga fiscal, la más elevada de la región si se toma como referencia la nafta súper llevada a un precio promedio de 214 dólares por barril. El valor del derivado a la salida de la refinería, sin impuestos, es de unos U$S117, en tanto los impuestos sobre el combustible llegan a los U$S97 es decir un 45% del precio final.
Comparado con Brasil, la súper cuesta 208 dólares y sale de la refinería a U$S138, por lo que la presión fiscal es del 36% y este esquema es similar en Chile: 203 dólares (U$S 126 sin impuestos) y 38% de tributos. En Estados Unidos el esquema mantiene el equilibrio con 148 dólares al público y una carga impositiva del 11%, siempre considerando el barril. Y en el caso del gasoil al público la relación se repite aquí con un promedio de 41 dólares de impuestos por barril (Brasil 21%, Chile 24% EEUU 12%), la más elevada carga impositiva del continente.
Los precios que se pagan en el país por los combustibles líquidos tienen la distorsión que se produce en todo producto sujeto a presiones fiscales que exceden la racionalidad impositiva. Si a esto se le suman cargas contributivas como las aplicadas en jurisdicciones provinciales o municipales, la situación se torna insostenible. La lógica señala la necesidad de replantear las exacciones.