Después de una década económica signada por un Estado intervencionista y regulador que asfixió a los verdaderos generadores de riqueza del país, despilfarrando en obras públicas las inmensas reservas generadas a partir de las retenciones que produjo la soja, parece que el sector productivo pyme de nuestro país ha entrado nuevamente en agenda. El dato no es menor si tenemos en consideración que: El 98% de las empresas en la Argentina son pymes. Generan el 70% del empleo privado formal, siendo más de 4.2 millones de personas quienes trabajan en ellas. Constituyen el primer empleo del más del 90% de nuestros jóvenes. Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor. Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son unidades familiares. Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura. Obtienen economía de escala a través de la cooperación ínter empresaria, sin tener que reunir la inversión en una sola firma.
En virtud de su importancia en el plano económico y social y en consideración del hecho que entre 2012 y 2015 cerraron 8.500 pymes, perdiendo peso relativo frente a las grandes empresas, es que la gestión del nuevo gobierno se vió ante la necesidad de apurar la toma de medida en pos de proteger nuestra pymes, ayudando a desplegar toda su fuerza transformadora y generadora de empleos de calidad.
Con un conjunto de medidas que no reconoce parangón alguno en la reciente histórica económica de nuestro país, en menos de 12 meses de gestión se avanzó sobre: -Instrumentación de un tipo de cambio competitivo para la exportación.
-Disminución de retenciones a las exportaciones. -Reintegro efectivo de derechos de exportación y su posibilidad de compensación con obligaciones impositivas a partir de la no restricción por cumplimiento de ingreso de divisas. -Instrumentación de un amplio blanqueo fiscal. -Promulgación y reglamentación de la Ley pyme la que cuenta con beneficios en distintos ámbitos, destacándose entre otros:
* Fiscales: -Las micro y pequeñas empresas van a poder pagar el IVA a 90 días. -Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, a partir del 1 de enero de 2017. -Descuento del impuesto al cheque del pago de Impuesto a las Ganancias, hasta un 100% para micro y pequeñas empresas y 50% para las pymes medianas industriales tramo 1. -Menores retenciones a través de la elevación de los umbrales de retención de IVA (135%), Ganancias (400%) y Seguridad Social para que las pymes cuenten con mayor alivio financiero.
* Fomento a inversiones: -Descuento hasta el 10% del Impuesto a las Ganancias de las inversiones realizadas entre 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018. -Solicitud de la devolución del IVA de las inversiones a través de un bono de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales y aduaneros.
* Apoyo crediticio: -Se amplia el cupo prestable de la Línea de Créditos de Inversión Productiva del 14 al 15.5%. Incremento que implicó $63.000 millones en el segundo semestre de 2016 y a su vez amplió al 50% el acceso al financiamiento de corto plazo. -Lanzamiento a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de la línea Primer Crédito pyme a una tasa variable de 16% máximo y con un plazo de hasta 7 años, para montos entre $500 mil y $5 millones.
* Programa de Recuperación Productiva y Promoción de la Competitividad: -Se otorgó carácter de Ley al programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, elevando los montos para trabajadores de pymes con problemas económico-financieros. -Se creó en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y pymes un Consejo Consultivo Público-Privado de monitoreo y competitividad pyme.
Parece que la falta de medidas económicas relevantes para los sectores productivos en la finalizada década ganada, ha inmunizado a los agentes económicos productivos de nuestro país. El anuncio de medidas que implican un alivio económico-financiero, pasan desapercibidas e ignoradas. La falta de una política comunicacional adecuada en paralelo a la vorágine informativa sobre casos de inseguridad, corrupción y noviazgos entre vedettes y políticos, hace que medidas ampliamente solicitadas, esperadas y de alto impacto económico social caigan en el descrédito de la ignorancia.
A pesar de los errores comunicacionales resaltados, es hora que las empresas que integran el entramado productivo de nuestro país, redoblen su apuesta y presten la tan solicitada y requerida ayuda a la gestión del nuevo gobierno. El esfuerzo desde lo fiscal que implica la disminución de la presión impositiva en paralelo a la oportunidad del acceso al crédito debe ser respaldado y apoyado con una política de cuidado de precios, inversiones y mantenimiento de empleo acordes.
Por fin la producción está en Agenda, es el momento que nuestras pymes.