En Argentina no hay nada despolitizado, parece. La politización no es mala siempre que se use en su justa medida, y no como en este país donde establecer límites parece un fin inalcanzable. En Argentina tendemos a inclinar todas las discusiones hacia lo partidario, aceptando las imposiciones que eso implica y, al final, volcando la discusión hacia intenciones político-partidarias de raíz individual que destruyen cualquier intento de construcción seria. Eso, parece, está ocurriendo con la demandada reforma al Código Penal. ¿Es verdad como dice el diputado Sergio Massa que el anteproyecto "baja penas y habilita excarcelaciones"? ¿Y si fuese así, es malo? ¿Es verdad como denuncian en el Gobierno nacional que es mentira lo que dice el exintendente de Tigre? El Código Penal argentino tiene 93 años, y está lleno de pequeños parches que distintas gestiones gubernamentales han ido aportando. Hace 93 años que no se piensa en un todo con respecto a este conjunto de normas jurídicas punitivas del Estado, al que llamamos Código Penal. Habrá pocos -o ningún- jurista que opine que no necesita modificaciones y unificaciones. Por ejemplo, las condenas por robar o por matar son muy parecidas, aunque apuntan a lugares muy distintos: una protege la vida y la otra un bien material, es decir, para este Código es casi lo mismo la vida de una persona que el hecho de que un objeto permanezca en poder de quién lo adquirió. El problema, parece, es que esta discusión tan necesaria como se ve, se contamina con esa costumbre criolla de mezclar todo con las elecciones y, en este caso específico, las generales de 2015, algo inevitable en un país donde se eligen autoridades cada dos años. Massa quiere ser Presidente y está en campaña, lo mismo el resto de la oposición y también el Gobierno. Eso, lamentablemente, parece anularles a los dirigentes políticos la posibilidad de para pensar qué es mejor y cómo mejorar la vida de las personas por los próximos 100 o 200 años. El nivel de las discusiones que se ven, escuchan y leen desde hace 10 días son una prueba cabal de esa afirmación. Ya sufrimos los espasmos políticos por problemas de coyuntura, como la Ley Bloomberg, por ejemplo, y parece que no hemos entendido mucho. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de asumir la enorme responsabilidad que significa una reforma integral del Código Penal? Antes de esta discusión, ¿no sería mejor separar una elección de otra al menos un año más antes de ponernos a discutir semejante cuestión? Aunque eso no sería necesario si maduráramos un poco más rápido.
Antes que nada, sería políticamente correcto aclarar que todo lo que se menciona respecto a la modificación del Código Penal argentino son trascendidos periodísticos y políticos de un borrador que tiene unas 500 hojas, aproximadamente. Este escrito fue elaborado por una comisión que integraron el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, los diputados Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO), la abogada María Elena Barbagelata (GEN) y el exjuez León Arslanian. El escrito ya fue entregado a la Presidencia de la Nación. Así y todo, hay jueces, fiscales y abogados, por ejemplo en San Juan, que tienen versiones distintas y hasta proyectos distintos elaborados por otros legisladores que son similares al de esa comisión o no, dependiendo de la persona con la que se charle y el artículo que se debata.
Aclarado ese punto, y a pesar de la variedad de opiniones, hay cuestiones generales muy claras: el juez Zaffaroni siempre mostró descrédito hacia la pena privativa de la libertad como herramienta para combatir los problemas de inseguridad de la sociedad. Es decir, menos cárcel y más trabajo social. Y en ese lado de la biblioteca se enrolan varios miembros del sector intelectual que apoya al kirchnerismo, como Carta Abierta, por nombrar uno. Y también es cierto que por lo trascendido, este anteproyecto, además de elevar algunas, tiene la tendencia rebajar otras condenas, convencidos los redactores de que es la forma de recuperar a quien comete un error. Esa idea de "mano blanda" no cae muy simpática a la sociedad y fue lo que utilizó Massa políticamente. Parece que los argentinos están más de acuerdo con la pena de muerte que con la recuperación de los delincuentes. A pesar de lo incómoda que suena esa afirmación no hay que culpar a la gente por su pensamiento, porque la Justicia no anda bien y nadie, de un lado o del otro, está en condiciones de demostrar lo contrario.
Massa no sólo puso a la mayoría de la opinión pública en contra del Gobierno, sino que expuso a Mauricio Macri, uno de sus rivales para la Presidencia en las elecciones de 2015. El expresidente de Boca quedó pegado a esta reforma al colocar a uno de sus hombres de mayor confianza, Federico Pinedo, en la comisión que elaboró el borrador. Jaque mate para el hombre de Capital Federal; en sólo 10 días Massa dejó en la cabeza de los argentinos la idea de que Cristina Fernández acuerda con Macri, y es una mancha que no va a salir muy fácil del pulcro amarillo Pro.
Entonces, a no confundir porque la gente ya está confundida. Y no sólo eso, está desorientada con tanto manejo político. Hay dirigentes que deben darse cuenta de lo que hacen, olvidarse de las campañas políticas y empezar a pensar un poco más en el conjunto, que para eso los pusieron donde están. Y si no, habría que considerar separar un poco más las elecciones, para que no sean utilizadas como excusa, como aparentemente está ocurriendo con este debate.