La eliminación de 240 millones de pesos a la Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las razones: reajustes de partidas por imposibilidad de cumplir con el presupuesto aprobado. Antes, desde el 1 de marzo último, hubo aumento de las cuotas escolares para corregir los desfasajes de cálculos y proyecciones económicas y financieras.
Equilibrar los faltantes de fondos presupuestados del gobierno porteño afectó en primer lugar los padres y familiares de los educandos que debieron asumir el tremendo ajuste, alterando las economías domésticas y los alumnos perjudicados en muchos aspectos de su situación psico-social-educacional. A la vez los docentes se ven afectados en su salud psicofísica a causa del estado permanente de stress, angustias, inseguridad y multiplicidad de problemas que les acarreará su potencial precariedad, cuando sino también, su estabilidad laboral.
Lo que ocurre en esa ciudad con la educación de gestión privada alerta por las connotaciones que puede provocar en las jurisdicciones provinciales, con un alcance nacional de consecuencias difícil de predecir en la sociedad en general y para quienes estamos en el ámbito educativo en particular. Una somera cronología de las decisiones, medidas políticas y hechos que van desencadenando situaciones y que erosionan el estado educativo en la Capital Federal por la forma de conducción que consideran las autoridades como las más adecuadas.
Para analizar determinadas medidas de gobierno que son netamente de carácter social y de una importancia incuestionable para los ciudadanos, tenemos que poner en valor la exégesis de la ideología política que impulsa el sector gobernante de esa sociedad cuyo pensamiento, ideas e impulso de esa base de comportamiento, los lleva a pretender la aprobación de los pobladores, y que estos les transfieran un caudal de votos de confianza a lo que muestran como correcta y adecuada gestión educativa.
Ya a principios de 2010 comenzó a observarse las impericias en la conducción de esa cartera por problemas que van adquiriendo carácter estructural pues los reclamos del sector ante el gobierno porteño son por la falta de escuelas, necesidad de creación de jardines de infantes, legislación más actualizada y que brinde protección legal a la estabilidad de los docentes interinos que prestan su débito laboral en el nivel secundario y terciario. Pero lo más grave aún es la determinación política del cierre de más de 220 cursos del nivel primario, secundario y técnico como medida de ajuste económico.
Ignorar la realidad del crecimiento poblacional que conlleva un aumento de la franja etaria de niños y jóvenes que concurren a educarse, pero que de esta manera de gobernar quedan fuera del sistema educativo. Afectar a cientos de docentes que deberán ser reubicados, cesanteados o puestos en disponibilidad, crean situaciones de intolerancia psicológica para ellos y su entorno familiar.
Manifestar la ausencia de criterios y sentido común de las autoridades para con los educandos de distintas edades, desconociendo, como un verdadero acto de barbarie intelectual y política considerar que la Educación y su ámbito natural, la escuela, que debería ser el único espacio idóneo capaz de educar, socializar, amparar y contener al ser humano en formación y no el lugar de transgresiones de las más elementales normas de convivencia y educación, violentándolas en aras de la conducción de un gobierno que hace que esta área soporte este tipo de vejaciones al desarrollo intelectual de los ciudadanos para poder gobernar eligiendo cada vez mayores erogaciones en los cargos y sueldos políticos.
Si la Constitución impone que el Estado es el responsable incuestionable de la educación en todas sus expresiones, quien debe garantizar los medios y los recursos para que todos los habitantes tengan la posibilidad de acceder a ella, garantizar su terminalidad y procurar que ella le permita su accesibilidad al mundo laboral para desarrollarse en una sociedad que le permita su superación y crecimiento, garantizando que la célula primaria, que es la familia, pueda asegurar su crecimiento y estándar de vida adecuado con expectativas superiores de vida; lo que constituiría la base de una nación más justa y con seguridad y equidad social, educativa, cultural, laboral y expectativas más ciertas de porvenir merecido.
Entonces no se puede comprender la insensatez de restringir en 240 millones de pesos el aporte a escuelas públicas de gestión privada para sueldos. La pregunta de carácter republicano para quienes manifiestan ambición de poder: ¿La Educación es un gasto o es una inversión? Desde una óptica economicista siempre lo que se reduce es el gasto; por lo tanto a quienes sostienen ese pensamiento e ideología partidaria que gobierna la Capital Federal y que tiene más aspiraciones políticas, ¿Cómo se condice lo que se dice con lo que se hace? Las palabras serán refutables, la realidad es una sola y jamás oratoria alguna podrá cambiarla.
(*) Docente.