Uno de los objetivos principales del narcotráfico, el crimen organizado, y el terrorismo transnacional es acumular poder económico para financiar sus actividades, con potencial suficiente para amenazar la paz, la seguridad y la democracia.
Con objeto de detener el avance económico de estas organizaciones ilegales, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Europeo diseñaron un régimen legal internacional contra el "lavado” de dinero, tendiente a bloquear y criminalizar las vías de financiamiento utilizadas por estos grupos marginales.
Es de lamentar que la unidad antilavado argentina haya dejado sin investigar numerosos reportes de operaciones sospechosas que tenía en su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades. Se trata de la falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor.
Según el criminólogo Bruce Bagley, estos grupos se mueven con más comodidad en países que cuentan con normas antilavado técnicamente adecuadas, pero sancionadas por Estados que no cuentan con la vocación política o con los recursos necesarios para prevenir y combatir en forma efectiva las operaciones de blanqueo de activos. No hay mejor refugio para el delito organizado transnacional que los "espejismos legales”, donde las leyes son redactadas en forma adecuada pero se transforman en "letra muerta” al no tener aplicación práctica. ¿De qué sirve, entonces, un adecuado marco legal antilavado si la aplicación práctica resulta insuficiente?
Analizando esta premisa a la luz del principio costo-beneficio, el costo parece ser de la sociedad en su conjunto, que se ve amenazada por el avance del delito, mientras que el beneficio será de los delincuentes, quienes gozarán de las ventajas de los "paraísos legales”, donde las instituciones del Estado parecen estar todas presentes, pero sólo en forma aparente. En nuestro país últimamente se han incautado cantidades importantes de drogas y detenidos a narcotraficantes.
Pero la UIF, lejos de ser un órgano extra poder, se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo. En este contexto, se puede concluir que no tiene la suficiente independencia y autarquía para llevar adelante investigaciones y denuncias que son costosas y requieren la participación de diferentes organismos del Estado, para confirmar en los hechos la seguridad interna y externa sobre estas actuaciones.