Un sector empresario gravitante en la marcha de la economía del país, ha solicitado a la dirigencia sindical que actúe con "una gran prudencia” en las negociaciones salariales, a fin de evitar los efectos indeseados que originan los reclamos desmedidos. A la vez expresó severas críticas al manejo que hace la autoridad laboral frente a los planteos gremiales que superan el derecho de protesta, cuando se generan acciones directas que perjudican a toda la comunidad.
Por una parte, la prudencia que pide el denominado Grupo de los Seis (G-6), que nuclea a la industria, la construcción, el comercio y la banca, ente otros pilares de la economía, se compadece con la necesidad de mantener negociaciones paritarias justas, donde el techo no supere el 24% ya concedido a los camioneros, porque aumentos superiores serían disparadores de mayor inflación y consecuencias negativas para el propio mercado laboral, ente otras distorsiones.
Pero la responsabilidad que le cabe a los gremialistas frente a las discusiones paritarias, para adoptar posiciones prudentes, también debe ser acompañada por el Ministerio de Trabajo. Se deben encauzar las negociaciones dentro de las normas vigentes, sin flexibilizaciones permisivas. Ahora el derecho constitucional de peticionar y de huelga, como instancia final, ha sido reemplazado por las presiones del piqueterismo y la interrupción de servicios esenciales, sin que la autoridad laboral coloque en orden las protestas, según la legislación vigente. Hoy el "apriete”, los "escraches” y los cortes de rutas, son las manifestaciones naturales del disconformismo sindical, mientras la cartera laboral parece convalidar el vale todo. Los hechos, así lo demuestran.