El porcentaje de población económicamente activa, con empleo registrado entre 2007 y 2011, pasó de 46,3% a 44,8%; la desocupación de 9,3% a 9,1%, el empleo precario de 37,1% a 34,9% y el subempleo inestable del 7,3% al 11,2%, según el informe "Satisfactores Laborales y de Protección Social”, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Señala el documento la persistencia de un sector informal, que en 2011 alcanzó al 48,2% de los ocupados, la heterogeneidad de la estructura productiva y las limitadas posibilidades de acceso a un trabajo decente. En el marco de un mercado de trabajo segmentado, para el conjunto de los ocupados la marginalidad laboral afectó principalmente a los integrantes del hogar que no son jefes, los jóvenes y los adultos mayores, los habitantes de villas o asentamientos precarios, los residentes en el Gran Buenos Aires y los que no culminaron el secundario.

La alta rotación entre períodos de empleo y desocupación continúa siendo preocupante. Entre 2007 y 2011 el porcentaje de activos que no tuvo continuidad laboral en el último año pasó del 21,7% al 23,5% y, entre los ocupados se sostuvo la tendencia a demandar más horas de trabajo. Las condiciones laborales no satisfactorias para el trabajador determinaron que el porcentaje de ocupados que desean cambiar de trabajo pase de 24,5% a 26%, en igual lapso. Y a pesar de las campañas para promover la registración laboral, el porcentaje de ocupados que no realizaba o no le realizaban aportes sociales disminuyó solamente de 46,6% a 45,9%. Dentro del grupo de asalariados se redujo en forma importante el no registro laboral, pero aún perduró en forma elevada entre los no asalariados. Las inserciones de baja calidad en las actividades por cuenta propia determinaron que el 70,7% no realizara aportes jubilatorios y condicionó el acceso a la cobertura de salud o limitó la asistencia a los servicios brindados por el sistema público.

En la historia particular de cada desempleado, subempleado o trabajador informal, el estado de emergencia o vulnerabilidad, o las limitaciones propias de la falta de capacitación o estudios, es también la condena a vivir fuera de la comunidad productiva. Para la sociedad, en su conjunto, es haber perdido la capacidad de una movilidad social que aspira a un futuro mejor.