El tema no es fácil. El proceso de paz es posible gracias a una reforma constitucional que permitirá que prácticamente todos los actores violentos en Colombia puedan ser acusados, investigados pero no encarcelados. Se trata de una amnistía general o un acuerdo político que tal vez se plantea como la única ventana o alternativa para llegar a la paz.

En una conferencia que tuvo lugar viernes pasado en la Universidad de Harvard, organizada por la Iniciativa Latinoamericana del Carr Center, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch por las Américas, se mostró crítico ante esta reforma, a lo que calificó de una "bacanal de impunidad” y que su organización estará presta a interponer demandas ante la Corte Penal Internacional.

Referente a esta "’orgía” de impunidad, Vivanco, en su lectura de la realidad colombiana, interpreta que la reforma es en realidad una gran amnistía que solo permitirá castigar a los responsables directos de las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o los paramilitares, o los militares responsables de los "falsos positivos”, pero que el Estado reniega a castigar a los autores intelectuales, a los financistas, a los cómplices de tantos crímenes de lesa humanidad.

Vivanco teme que el proceso de paz sea un tema para las cámaras, para que algún colombiano termine ganado el Premio Nobel de la Paz, pero que dado el marco jurídico estropeado por la reforma, no permitirá reparar la justicia que demandan las víctimas. Estadísticas diferentes sitúan a las víctimas en un promedio de 600.000 muertos, 15.000 desaparecidos y casi 4 millones de desplazados.

Vivanco indicó que no le quedará otra alternativa jurídica a HRW que presentar demandas en contra de algunos individuos colombianos ante la Corte Penal Internacional en caso de que el Supremo Tribunal Constitucional de Colombia deje la reforma en firme. Además, porque el país se sometió a la jurisdicción del tribunal internacional, por lo que no puede quedar como un espacio limitado solo a la demagogia o a que esa organización termine sólo fallando sobre casos del continente africano, como más se manifiesta hasta ahora.

La paz en Colombia es obviamente política. Difícilmente puede lograrse de otra forma si los miembros de las FARC no son amnistiados y si no se les ofrece un sitio para hacer política. Otras ofertas, cuatro en total, fueron rotundos fracasos en el pasado. ¿Pero podrá haber paz para las víctimas y para todos los colombianos en caso de que el sangriento Timochenko termine debatiendo en el Congreso como un legislador más?

Difícil es saber si es preferible una paz defectuosa con el consabido sabor amargo de que muchos quedarán desahuciados, a continuar con una guerra sangrienta que pudiera seguir causando más víctimas.

Los procesos de paz en América Central y las leyes de amnistía y punto final fueron imperfectas en América del Sur, pero permitieron una paz política relativa y necesaria.