Cualquier argumento de la dirigencia sindical sobre la legalidad de una medida de fuerza, esgrimiendo derechos constitucionales, se cae por si solo cuando los efectos reivindicativos buscados afectan a terceros, y mucho más si se trata de la paralización de servicios imprescindibles. Esto no es una novedad en nuestro país, pero a pesar del daño que causa en la comunidad el tipo de protesta, los efectos marginales del uso y costumbre se toleran dentro de la impunidad asimilada como estilo de vida.

Por esta vista gorda de la autoridad laboral ya no se trata de paros como instancia final ante la ruptura de negociaciones entre sectores en conflicto sino la paralización de actividades para celebrar reuniones internas a fin de determinar nuevos planes de lucha. Es lo que pasó el viernes último en el Aeroparque Jorge Newbery con la cancelación de 30 vuelos de Aerolíneas y Austral porque la Asociación Argentina de Aeronavegantes resolvió realizar asamblea para decidir el activismo que sigue.

En tanto cientos de pasajeros tuvieron que postergar sus vuelos desde la terminal porteña y otro tanto ocurrió con los arribos cancelados provenientes del interior, caso de San Juan, La Rioja, Córdoba, Formosa, Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán y los arribos internacionales de Montevideo, Punta del Este y Porto Alegre. Los trastornos y el fastidio de los usuarios son de imaginar, como los problemas provocados la semana pasada por el personal bancario.

En este caso toda la economía del país y el público en general sintieron el impacto del paro de 48 horas dispuesto por el gremio La Bancaria en reclamo de un aumento salarial superior al 27% en las negociaciones paritarias. Prácticamente en todo el territorio nacional hubo faltante de efectivo en los cajeros automáticos al alcanzar a la red de abastecimiento que de por si colapsa en días de pago o fines de semana largos, como se observó en nuestra provincia en los últimos días.

Como si fuera poco, también coincidieron otros paralizaciones, en este caso con desabastecimiento de un insumo básico, por la huelga de los aceiteros que gracias al chantaje al consumo, obtuvieron mayores aumentos.

A nadie se le puede negar que pida lo que cree que le corresponde, pero ningún sector asalariado debe tener a la población de rehén para lograr sus objetivos.